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un colectivo independiente de comunicadores
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Fracaso lujoso y confidencial en Roma
Fracaso en Roma
>>> El abogado que la cancillería contrató
Dr Fabio Galiani
>>> Cobró 496.000 euros
3 jun 2017 | El abogado italiano Fabio Galiani, contratado para el seguimiento del juicio por el Plan Cóndor en Roma, cobró 496.000 euros por su trabajo entre 2008 y 2016.
Fue empleado sin contrato y no hay documentos que acrediten la cifra
El abogado italiano Fabio Galiani, contratado para el seguimiento del juicio por el Plan Cóndor en Roma, cobró 496.000 euros por su trabajo entre 2008 y 2016, informa El Observador, en base a un pedido de información al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ese dinero se pagó sin ningún contrato y no hay documentos que acrediten dicho gasto, señala la respuesta de la cancillería. El dinero salió de Rentas Generales y se pagó en siete cuotas. Casi la mitad de los honorarios se pagaron en 2016.
La impunidad en buenas manos
Su contratación data de 2008 a instancias del entonces canciller Gonzalo Fernández. El Estado quería entonces apelar la decisión del Tribunal de Salerno que decretó la libertad del exmarino Jorge Troccoli, radicado en Italia desde 2007 e imputado por delitos de lesa humanidad.
Troccoli fue, precisamente, uno de los 13 sobreseidos en enero pasado en el juzgado italiano. El fallo confirmó su libertad.
>>>> Tróccoli volvió a escapar
El abogado Galiani fue muy cuestionado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la persona de su titular, Mirtha Guianze.
La exfiscal dijo que fue "muy difícil entender la estrategia" del asesor legal. Incluso envió una carta al presidente Tabaré Vázquez criticando su contratación.
UN FRACASO LUJOSO Y CONFIDENCIAL
El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el nexo con Galiani.
La operación fue realizada sin contrato ni documentos que acrediten el dinero. Se hizo de acuerdo a los estándares de arrendamiento de servicios de profesionales extranjeros, dice el informe del Poder Ejecutivo.
En el juicio solo se obtuvo el procesamiento (a distancia) del excanciller Juan Carlos Blanco, ya procesado en Uruguay desde 2002. En 2013, se le benefició con prisión domiciliaria.
A los otros 13 imputados no se les pudo conectar con los delitos de los que eran acusados.
El único que podía ir realmente preso era el capitán de navío (r) Jorge Troccoli, pero fue sobreseído.
En enero de este año, el fallo del Tribunal de Roma fue considerado "un fracaso" por las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. En la delegación, en representación del gobierno, estaba el vicepresidente de la República, Raúl Sendic.
La información fue brindada a solicitud realizada en el marco de la ley de acceso a la información llevada a cabo por Elba Rama, una exreclusa política de la dictadura.
En un primer pedido por via administrativa, el ministerio se negó a dar el dato. Por el nuevo mecanismo, la información fue proporcionada al abogado de Rama, el doctor Juan Ceretta.
POCA SENSIBILIDAD SOBRE EL PASADO RECIENTE
Brecha también aborda el tema de la edición de hoy informando que hasta el momento Uruguay no ha decidido si apelar -como parte civil- la decisión del Tribunal de Roma.
La apelación fue presentada por fiscales italianos. Se espera que en un año y medio haya un pronunciamiento al respecto. hay un reclamo de compensaciones, con lo que se podrían aportar nuevos elementos de prueba.
En particular, dice Brecha, podrían presentarse los datos surgidos del estudio reciente de los archivos de Fusileros Navales.
El cese del abogado italiano aún no ha mostrado señales de algún revelo por parte del Poder Ejecutivo para esta causa.
Los organizaciones de derechos humanos ven en estas cuestiones un tema de insensibilidad por parte del actual gobierno acerca de los temas del pasado reciente.
Muestra de ello es la ausencia del gobierno en un reciente encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesionó en Buenos Aires, en la cual se denunció el estancamiento de más de 300 causas judiciales. Frente a esto, el canciller Nin Novoa dijo que Uruguay "no fue citado" a la audiencia.
Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, dijo que esto no es verdad y que en el encuentro bonaerense se leyó una carta en la que el ministerio aceptaba la invitación.
En ese sentido, dijo que en la persona del canciller no tiene "una mirada global" sobre los derechos humanos.
Además, estas organizaciones critican la inoperancia sobre las amenazas del "Comando Barneix"
>>> Responsabilidad de estado ayer y hoy
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>>> Cobró 496.000 euros
Fue empleado sin contrato y no hay documentos que acrediten la cifra
El abogado italiano Fabio Galiani, contratado para el seguimiento del juicio por el Plan Cóndor en Roma, cobró 496.000 euros por su trabajo entre 2008 y 2016, informa El Observador, en base a un pedido de información al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ese dinero se pagó sin ningún contrato y no hay documentos que acrediten dicho gasto, señala la respuesta de la cancillería. El dinero salió de Rentas Generales y se pagó en siete cuotas. Casi la mitad de los honorarios se pagaron en 2016.
Su contratación data de 2008 a instancias del entonces canciller Gonzalo Fernández. El Estado quería entonces apelar la decisión del Tribunal de Salerno que decretó la libertad del exmarino Jorge Troccoli, radicado en Italia desde 2007 e imputado por delitos de lesa humanidad.
Troccoli fue, precisamente, uno de los 13 sobreseidos en enero pasado en el juzgado italiano. El fallo confirmó su libertad.
>>>> Tróccoli volvió a escapar
La exfiscal dijo que fue "muy difícil entender la estrategia" del asesor legal. Incluso envió una carta al presidente Tabaré Vázquez criticando su contratación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el nexo con Galiani.
La operación fue realizada sin contrato ni documentos que acrediten el dinero. Se hizo de acuerdo a los estándares de arrendamiento de servicios de profesionales extranjeros, dice el informe del Poder Ejecutivo.
En el juicio solo se obtuvo el procesamiento (a distancia) del excanciller Juan Carlos Blanco, ya procesado en Uruguay desde 2002. En 2013, se le benefició con prisión domiciliaria.
A los otros 13 imputados no se les pudo conectar con los delitos de los que eran acusados.
El único que podía ir realmente preso era el capitán de navío (r) Jorge Troccoli, pero fue sobreseído.
En enero de este año, el fallo del Tribunal de Roma fue considerado "un fracaso" por las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. En la delegación, en representación del gobierno, estaba el vicepresidente de la República, Raúl Sendic.
La información fue brindada a solicitud realizada en el marco de la ley de acceso a la información llevada a cabo por Elba Rama, una exreclusa política de la dictadura.
En un primer pedido por via administrativa, el ministerio se negó a dar el dato. Por el nuevo mecanismo, la información fue proporcionada al abogado de Rama, el doctor Juan Ceretta.
POCA SENSIBILIDAD SOBRE EL PASADO RECIENTE
Brecha también aborda el tema de la edición de hoy informando que hasta el momento Uruguay no ha decidido si apelar -como parte civil- la decisión del Tribunal de Roma.
La apelación fue presentada por fiscales italianos. Se espera que en un año y medio haya un pronunciamiento al respecto. hay un reclamo de compensaciones, con lo que se podrían aportar nuevos elementos de prueba.
En particular, dice Brecha, podrían presentarse los datos surgidos del estudio reciente de los archivos de Fusileros Navales.
El cese del abogado italiano aún no ha mostrado señales de algún revelo por parte del Poder Ejecutivo para esta causa.
Los organizaciones de derechos humanos ven en estas cuestiones un tema de insensibilidad por parte del actual gobierno acerca de los temas del pasado reciente.
Muestra de ello es la ausencia del gobierno en un reciente encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesionó en Buenos Aires, en la cual se denunció el estancamiento de más de 300 causas judiciales. Frente a esto, el canciller Nin Novoa dijo que Uruguay "no fue citado" a la audiencia.
Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, dijo que esto no es verdad y que en el encuentro bonaerense se leyó una carta en la que el ministerio aceptaba la invitación.
En ese sentido, dijo que en la persona del canciller no tiene "una mirada global" sobre los derechos humanos.
Además, estas organizaciones critican la inoperancia sobre las amenazas del "Comando Barneix"
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Salle denuncia penalmente al presidente Vázquez
El abogado Gustavo Salle denunció ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia al presidente Tabaré Vázquez, al secretario de Presidencia, Miguel Toma, y a varios ministros por "hechos con apariencia criminal" dado que negocia con la empresa UPM un contrato de inversión, algo que, sostiene, no permite la ley de inversiones de enero de 1998.
El Poder Ejecutivo “está actuando del margen de toda competencia constitucional o legal. Asimismo, no ha habido un llamado o una licitación pública internacional previa a la negociación de ese contrato de inversión con UPM", señala el escrito. Salle se preguntó en diálogo con Rompkbzas, si Vázquez es un Rey que gobierna al margen de la Constitución.
Salle dijo que sospecha que hay una coima en las negociaciones y señaló que las declaraciones de Danilo Astori en Búsqueda en las que dice que la inversión de UPM "no está incorporada" a las proyecciones económicas para los siguientes años, ya que "todavía hay que trabajar muchísimo en un acuerdo que no está hecho" y es necesario un control cercano.
El senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga solicitará a las autoridades de gobierno y de la Universidad de la República información sobre la situación integral de los recursos hídricos del país, en particular sobre el estado de las cuencas de los ríos Negro, Uruguay y Santa Lucía.
El legislador, en diálogo con Rompkbzas, se mostró muy preocupado por el destino del Río Negro ante la eventual instalación de una planta de celulosa. “No podemos ponernos una hipoteca ambiental”, argumentó.
El legislador, en diálogo con Rompkbzas, se mostró muy preocupado por el destino del Río Negro ante la eventual instalación de una planta de celulosa. “No podemos ponernos una hipoteca ambiental”, argumentó.
UPM sería sancionada por excederse en los niveles de fósforo vertidos en el río Uruguay por haber superado en más del 10% los niveles permitidos según Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas del Departamento de Limnología de la Facultad de Ciencias. Dijo en Rompkbzas que no es aconsejable instalar una segunda planta de celulosa en el Río Negro. Denunció que la situación actual del río es casi irreversible e ideal para el crecimiento de cianobacterias. Instalar una planta en ese cauce sería "agravar" la situación.
Fuente Rompkbzas – El País - LR21
Fuente Rompkbzas – El País - LR21
Sid-Ocoa trajo y fusiló a los “5 de Soca” 1974: LA COORDINACION CRIMINAL
La coordinación represiva entre las
dictaduras del Cono Sur, se acordó en 1974, cuando en Argentina todavía había
institucionalidad democrática. Fue entonces que se comenzó a secuestrar y
trasladar exiliados, que luego serían presos, ejecutados o desaparecidos. En
cada país hubo un grupo de agentes policiales o militares entrenados en la
tortura y el homicidio. Figuraban en sus embajadas como agregados militares o
agentes de narcóticos y operaban con los funcionarios locales contra los
opositores a sus dictaduras.
En Uruguay, fueron los mismos
represores del SID y de la OCOA los que secuestraron ese año a Antonio Viana
Acosta en Buenos Aires, los que acribillaron a ‘‘las pibas de abril’’ en la
calle Mariano Soler, los que desaparecieron a Washington Barrios luego de
secuestrarlo en La Plata, los que mataron en la tortura a Iván Morales cuando
volvió a Montevideo a conocer a su hijo, los que ejecutaron a Latrónica, Banfi
y Jabif en Argentina, los que entregaron al niño Amaral García y trajeron para
fusilar a los cinco de Soca.
La investigación periodística realizada a lo largo
de varios años y para diferentes publicaciones, permite hoy exhibir pruebas y
documentos que señalan a los responsables, con nombre y apellido, de tanto
crimen impune. Una fundamental prueba de cargo la constituye el hallazgo de una
edición certificada del censurado periódico argentino “El Auténtico”, el que en
1975 reveló las actas de una reunión de coordinación represiva regional
realizada en Buenos Aires en enero de 1974, veintidós meses antes del encuentro
de Chile donde nació el “Plan Cóndor”
A partir de ese documento, se puede reconstruir lo
ocurrido en el Cono Sur desde principios de los años 70, cuando los dictadores
Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile y Juan María Bordaberry de
Uruguay, pactaron con la “Triple A” el exterminio de todo lo que consideraran
“subversivo” bajo la lupa de una “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que ya se
había instalado en Argentina antes de que Juan Domingo Perón volviera y
asumiera la Presidencia a fines de 1973. La semilla se había plantado antes...
1) GÉNESIS: APRENDER A TORTURAR
El 8 de setiembre de 2008, en el diario ‘‘La
República’’ se publicó un artículo que narraba la génesis de este proceso
represivo bajo el título: “1974:
la conexión con la Triple A de Gordon y la Federal argentina” (http://www.lr21.com.uy/politica/329968-1974-la-conexion-con-la-triple-a-de-gordon-y-la-federal-argentina).
Allí se decía:
Con la guerra fría, Estados Unidos estableció como un objetivo el control
de su "patio trasero" latinoamericano. Los aparatos de inteligencia
policial formados en la región luego de la guerra mundial pasaron a ser
capacitados por instructores de la Agencia para el Desarrollo ante la
revolución cubana.
Dan Mitrione pasó por Brasil antes de llegar a Uruguay, donde Estados
Unidos tenía una fuerte central de espionaje, según confesaron los ex agentes
Philippe Agge (“La CIA por dentro”) y Manuel Hevia (“Pasaporte 1333”). En los
sesenta, el "puesto de escucha" de Montevideo ya coordinaba con la
Guardia Metropolitana, a cargo del coronel Amaury Prantl.
Philip Agee, el espía norteamericano
que reveló cómo se preparó la represión en Uruguay.
Los métodos de "interrogación" que el instructor del FBI
enseñó a las fuerzas policiales uruguayas, la norteamericana School of Américas
(SOA) los enseñó a las generaciones de militares que desde los años sesenta
realizaron cursos de inteligencia y contrainsurgencia en la base "Fuerte
Amador" de Panamá. (ver http://www.lr21.com.uy/politica/206...)
La teoría de "contrainsurgencia" había sido establecida por el
general francés Paul Aussaresses durante la guerra de Argelia (1954-62), que
dirigió el teniente coronel Roger Trinquier. Ambos dieron "clases" en
la Escuela de Guerra de Brasil y la Escuela de las Américas, donde Estados
Unidos adoptó el "método".
En julio de 1969, la dictadura brasileña puso en práctica la
"Operación Bandeirantes" en la que militares, policías y la federal
DOPS coordinaron al "estilo francés" el secuestro, tortura y muerte
de cientos de opositores, en lo que sería un antecedente del Plan Cóndor.
Los comandos franceses Patrice de Naurois y François-Pierre Badie fueron
instructores de la Escuela de Guerra de Argentina, donde uno de sus mejores
alumnos fue el luego general Ramón Camps, quien tendría a su cargo la jefatura
de la Policía Federal luego del golpe de Estado de 1976.
2) REPRESIÓN INSTITUCIONAL
En el artículo se investigó cómo, en Uruguay, los
represores habían mutado desde el Escuadrón de la Muerte a la Oficina
Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Lo mismo que en Argentina
ocurriría desde la Triple A a los Grupos de Tareas de la dictadura en 1976. Una
metamorfosis que, amparada en la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, institucionalizaba el secuestro, la tortura y el
asesinato:
El Escuadrón de la muerte que actuó en Uruguay a principios de los
setenta (…), tuvo como profesores, además del norteamericano Dan Mitrione, al
brasileño Sergio Paranhos Fleury, represor del DOPS, y a dos
"franceses" que aún no han sido identificados.
El agente norteamericano Dan Mitrione, de blanco, y sus "alumnos" en la puerta del DOPS de Porto Alegre.
El agente norteamericano Dan
Mitrione, de blanco, y sus "alumnos" en la puerta del DOPS de Porto
Alegre.
La metodología parapolicial practicada por el "Escuadrón"
antes de la sangrienta jornada del 14 de abril de 1972 pasó desde entonces a
ser practicada por los mismos policías y militares que, ahora uniformados, se
sumaron a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Con el golpe de Estado de 1973, la represión y la tortura sistemática,
que Zelmar Michelini denunciaba en el Senado, ya no tuvo control parlamentario
y desde el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) se trazaron las líneas que el
Servicio de Información y Defensa (SID) practicaría luego en el exterior.
Las primeras coordinaciones represivas con Chile y Argentina fueron
realizadas por las fuerzas policiales uruguayas, que luego serían desplazadas
por los efectivos militares quienes, primero como agregados militares, terminaron
protagonizando las operaciones de secuestro, traslado, muerte y desaparición.
El 1º de octubre de 1973, tras el golpe de Estado en Chile, un grupo de
uruguayos fue detenido cuando huyó a Argentina, donde había renunciado el
presidente Héctor Cámpora e interinamente gobernaba Raúl Alberto Lastiri, quien
sólo doce días después entregaría el gobierno a Juan Domingo Perón.
En octubre de 1973 ya había
"Doctrina de la Seguridad Nacional" en Argentina.
Los uruguayos estuvieron presos dos semanas en Ezeiza y los expulsaron
por sugerencia del jefe de Seguridad Federal, teniente coronel Jorge Oscar
Montiel, quien advirtió al director de Migraciones, Justo Gnavi, que afectaban
la "seguridad nacional". Uruguay, Chile y Argentina intercambiaron
"antecedente". (ver documento adjunto)
3) HUBO COORDINACIÓN DESDE 1974
En aquel artículo de ‘‘La República’’, se incluyó
un dato fundamental para comprender la represión coordinada que se desató desde
principios de 1974, cuando Argentina, aún en democracia, se convirtió en un
coto de caza sobre exiliados de los países vecinos, del que participaban la
“Alianza Anticomunista Argentina” (Triple A) y agentes de las dictaduras de la
región:
Antes de asumir Perón, el presidente (Alberto) Lastiri impulsó la derechización
del régimen, asesorado por su pariente José López Rega, quien en 1973 comienza
a formar la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), al
mando del comisario Alberto Villar, subjefe de la Policía Federal.
En enero de 1974 se desarrolla en Buenos Aires una reunión definitiva de
coordinación a la que asisten Villar, un general de Carabineros chileno (sería
el general Manuel Contreras), un boliviano y el inspector Víctor Castiglioni,
jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) uruguaya.
El Inspector Principal Víctor
Castiglioni, ya coordinaba en 1974 con represores argentinos, bolivianos y
chilenos.
El militar chileno propuso entonces que se integraran militares como
agregados de seguridad en las embajadas para coordinar con las policías
locales, formar una central de información común al estilo Interpol, el
intercambio de presos, un canal de comunicación segura e intercambio de becas
de “entrenamiento”.
La propuesta chilena, tres meses antes de que Contreras creara
formalmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), manejaba los mismos
argumentos que en octubre de 1975 se confirmarían en Santiago de Chile cuando
los militares de la región constituyeron la coordinación represiva llamada “Cóndor”.
El representante boliviano, en nombre de la dictadura del general Hugo
Banzer, pidió que “los elementos marxistas que están en los diversos países
sean internados a cierta distancia, de tal manera que impidamos la afluencia de
los mismos hacia las zonas fronterizas”, dice la versión taquigráfica de la
reunión.
Castiglioni expresó: “Lo que yo iba a proponer está comprendido en lo
que ha expuesto el señor general de Carabineros (…), reiteraríamos el
ofrecimiento (…) de mantener acá, en forma permanente, a uno o más funcionarios
(…) colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente”.
4) EL EJEMPLAR PERDIDO DE “EL
AUTÉNTICO”
Las actas de aquella reunión fueron publicadas en
diciembre de 1975 por el periódico “El Auténtico” cuyas ocho únicas ediciones
son una denuncia contra la represión política y sindical del momento, e
incluyen tres artículos sobre las operaciones de la “Triple A” y sobre quiénes
eran sus integrantes. La versión taquigráfica de la reunión de coordinación
contra los exiliados entre representantes de Argentina, Chile, Bolivia y
Uruguay, se publicó en la séptima edición del quincenario.
En 1975 se denunciaba el exterminio
que en Argentina se producía antes del golpe de Estado de 1976. El director de
"El Auténtico" fue asesinado frente a su familia.
El director del periódico, Domingo Zabala Rodríguez
(“el Colorado”) terminó siendo ejecutado el 22 de setiembre de 1976 frente a su
familia en la puerta de su domicilio en Buenos Aires, y su esposa, Olga Irma
Cañueto, fue secuestrada ese día y permanece desaparecida. Su hija Yamila,
radicada hoy en la ciudad de Mar del Plata, es una luchadora por los derechos
humanos. La publicación “desapareció” de toda hemeroteca.
Ni su propia familia pudo conservar una colección
de “El Auténtico” cuyo contenido fue recordado a mediados de los años 90 en una
web sueca. Durante la investigación periodística, se pudo finalmente localizar
una colección de aquella impresión perdida en el Centro de Documentación e
Investigación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI) en Argentina, cuyo
director, Horacio Tarcus, certificó la autenticidad de la publicación. (Ver
certificado)
Certificado de autenticidad del
ejemplar de "El Auténtico" presentado en el Juicio de Roma
Facsímiles de esos ejemplares fueron presentados
ante la Tercera Corte de Asís en Roma, cuando se realizó el juicio contra el
Plan Cóndor, para evidenciar que las víctimas italouruguayas habían sido
fichadas desde 1974, como consecuencia de la coordinación represiva acordada a
principios de ese año.
5) ACTAS DEL PLAN EXTERMINIO
En los párrafos textuales que de las actas
transcribió “El Auténtico” en su ejemplar del 10 de diciembre de 1975 (cuando
todavía se desconocía que un mes antes se había acordado el Plan Cóndor en
Chile), se lee:
Las ponencias del carabinero chileno
un año y medio antes del Plan Cóndor.
“Representante de Chile (general X de Carabineros): “La Delegación de Chile somete a consideración de ustedes las
siguientes ponencias: Primera Ponencia, acreditar en cada embajada un Agregado
de Seguridad, que pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía (…)
cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el encargado de
Seguridad de cada país o los varios organismos locales… Segunda Ponencia, en
forma similar a lo que tienen Interpol en París, tener también nosotros una
Central de Informaciones, donde podamos requiero datos de individuos que son
marxistas… Tercera Ponencia, intercambios programados e imprevistos de
personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile,
y que podamos venir a la Argentina nuevamente (…) que podamos llegar
directamente con toda confianza a cualquier de los organismos de Seguridad de
cualquiera de los países, y exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente
una invitación formal… Cuarta Ponencia, la necesidad de establecer un canal de
comunicación. (…) A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que
podría ser el Agregado de Seguridad, y uno directo entre los Servicios de
Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red ENTEL de teléfonos con el
sistema de inversores… Quinta Ponencia, la necesidad de establecer un
intercambio de becas para entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos…
Sexta Ponencia, un álbum (de fotos)…
El artículo sobre la Triple A de El
Auténtico. Se denuncia que el plan era aniquilar a los asilados.
Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “¿Alguien tiene que expresar alguna otra proposición?
Representante de Bolivia: “La delegación de Bolivia sugiere
que todos los elementos marxistas que están en los diversos países sean
internados a cierta distancia, de tal manera que impidamos la afluencia de los
mismos hacia las zonas fronterizas”
Representante de Uruguay (Inspector General Castiglione): “Lo que yo iba a proponer ya está comprendido en lo que ha expuesto el
señor general de Carabineros. Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento
que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o más funcionarios
sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía
argentina a efectos de identificar gente”…
El boliviano y el uruguayo (Víctor
Castiglioni) aceptan la coordinación represiva.
Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos
Extranjeros de SSF) luego va a tomar contacto con el Inspector General
Castiglione, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile, si necesita
tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como
asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy…” (…)
Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “La ponencia que vamos a hacer el gobierno nacional es la fijación del
lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de
éstos, que les impida viajar a través de ‘‘La República’’ y estar en zonas de
fronteras. Con respecto a las becas, cuenten con ellas… Los álbumes se están
confeccionando… En la embajada, lo más seguro van a ser los Agregados
Militares, dado que dentro del personal civil de las embajadas puede haber
alguien que tenga ideas un poco distintas de las nuestras… Ha sido aprobado por
nuestro gobierno el Agregado Policial, que será denominado Agregado Legal, para
darle una cobertura… Cuando el problema sea urgente, pueden establecer contacto
con la Jefatura o Subjefatura o bien con la Superintendencia de Seguridad
Federal, diciendo que viene alguien, podemos decir que viene una comisión de
narcóticos, ¿qué les parece? Una “comisión de narcóticos” viaja rumbo a ésa, y
así ya sabemos nosotros de qué se trata…”
Agregados que simulaban ser agentes
de narcóticos para operar en Argentina. ¿Qué militares y policías viajaron a
Buenos Aires en 1974?
El delegado chileno quiso saber de todas maneras
cómo se manejarían esos correos...
Señor Subjefe de la Policía Federal (Comisario Villar): “Señor general, yo creo que una buena cobertura sería darle un
pasaporte diplomático, y que se traslade de embajada en embajada… Técnicamente
se van a entender con la Superintendencia de Seguridad Federal, que es el
organismo especializado en Inteligencia. Luego que el correo viene de la
embajada y está dentro de territorio argentino, queda sujeto a la seguridad de
nuestra policía, es decir que se alojaría con todo el hospedaje sin cargo y ya
trabajaría directamente con ellos, ya sea en la calle, en las brigadas, ya sea
llevando los nuevos sistemas del modus operandi que puedan aparecer, el
movimiento de ciudadanos chilenos, bolivianos o de otros países que están
moviéndose acá” (…) “No sólo tenemos que prestar atención a los ciudadanos de
nuestros países, sino también a los cubanos, checoslovacos, alemanes o de
cualquier nacionalidad para que el archivo sea lo más completo posible”.
6) EL VIA CRUCIS DEL NEGRO VIANA
En una entrevista publicada el 14 de setiembre de
2008 en ‘‘La República’’, el uruguayo Antonio Viana Acosta narró (http://www.lr21.com.uy/politica/331384-el-via-crucis-del-negro-viana-acosta)
la terrible situación que sufrió cuando se transformó en la primera víctima
uruguaya de traslado ilegal en aquella coordinación represiva de 1974.
Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof también han registrado en sus
libros lo padecido por el “Pantera negra”…
Antonio Viana Acosta, sobreviviente
del primer traslado de la coordinación represiva.
Sólo días después de aquella reunión de Buenos
Aires, Viana fue detenido, torturado, trasladado en un avión de PLUNA y vuelto
a torturar en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia policial,
antes de derivarlo a su natal Rocha, donde otra vez sufrió apremios, fue
enviado a la División de Ejército IV en Minas donde lo golpeó el propio general
Gregorio Álvarez y finalmente fue procesado por la Justicia Militar. En la
investigación periodística se resumía:
Viana Acosta, en entrevista con LA REPUBLICA, narró que trabajaba en el
Ministerio de Bienestar Social argentino, que dirigía José López Rega. El 21 de
febrero lo detuvieron miembros de la patota del comisario Alberto Villar, jefe
de la Triple A. Lo llevaron a Coordinación Federal (“Coordina”) donde fue
torturado por los uruguayos Víctor Castiglioni, Hugo Campos Hermida, Manuel
Cordero, José Gavazzo, Sergio Coubarrere (que viajaba periódicamente por la
empresa Arco) y Carlos Calcagno, quienes ya operaban en Argentina.
Permaneció en la cárcel de Devoto, hasta que por un habeas corpus
presentado por abogados enviados por Zelmar Michelini, terminó siendo
“blanqueado” y trasladado a Aeroparque por el jefe de interrogadores Juan
Carlos Lapuyole (“El francés”), quien lo hizo abordar el vuelo 158 de Pluna
(que piloteaba un ex oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya), para llevarlo a
Montevideo donde lo aguardaba personal de inteligencia policial.
El pasaje de Pluna de Viana Acosta.
Lo embarcaron en Buenos Aires y lo esperaban en Montevideo.
Antonio Viana fue llevado en abril al Batallón Nº
12 de Rocha, donde ya había estado preso antes de radicarse en Argentina. Allí
volvió a torturarlo el oficial Pedro Enrique Buzó y el mayor José Gavazzo,
quien lo interrogó particularmente sobre Washington Barrios, de quien pocos
días antes habían sido asesinadas su esposa Silvia Reyes (19) y sus amigas
Laura Raggio (19) y Diana Maidanick (21). Terminó en la sede de la División
Ejercito IV en Minas, donde el propio “Goyo” Álvarez lo interrogó a punta de
fusta sobre Washington Barrios.
Viana fue finalmente procesado en octubre de 1974 y
recluido en el Penal de Libertad hasta 1981. Su testimonio confirma hoy un nexo
entre sus captores y torturadores con las muertes de Reyes, Raggio y Maidanick
y el caso de Washington Barrios, quien fue detenido el 17 de setiembre de 1974
en Córdoba, permaneció preso en “Coordina” y llevado a La Plata, antes de ser
entregado a los uruguayos en febrero de 1975, cuando despareció y según un
parte policial “se dio a la fuga”. Pudo haber sido trasladado a Uruguay.
7) UN “REPATRIADO” POR AIR FRANCE
En un recuadro (http://www.lr21.com.uy/politica/339537-trasladado-por-air-france)
de otro artículo para ‘‘La República’’, se denunció la situación sufrida por el
uruguayo Carlos A. R.C., otra víctima de los traslados ilegales:
A principios de 1974, el uruguayo Carlos A. R. C. fue víctima de un
insólito secuestro y traslado compulsivo a Uruguay. Lo detuvo la Policía
Federal en una calle de Buenos Aires y, aunque no era acusado de nada ni
pertenecía a ningún grupo político, terminó preso en un calabozo del tercer
piso de una unidad que describe como la sede de Coordinación Federal que
comandaba el subcomisario Alberto Villar.
Luego de 20 días preso, un policía le comunicó que “le salió el asilo
para Francia” y sin entender demasiado lo que le ocurría, lo llevaron a
cortarse el pelo y le permitieron lavarse por primera vez, antes de meterlo en
un automóvil, sin esposas, junto a cuatro agentes que en el trayecto
conversaban sobre las posibilidades de triunfo de Francois Miterrand o Giscard
D’Estaing aquel 19 de mayo.
Las postales de abordo, le salvaron
la vida en el traslado por Air France. Las azafatas denunciaron ante Acnur.
Llegaron al aeropuerto de Ezeiza y lo llevaron al mostrador de Air
France donde sacaron un pasaje para el vuelo con destino a París, previa escala
en Montevideo. Los agentes entregaron al detenido al propio capitán de la
aeronave francesa que lo acompañó hasta un asiento y le advirtió que “se
portara bien”. Las dos azafatas se asombraron cuando Carlos les explicó su
situación de desaparecido y les pidió que le enviaran un mensaje a su esposa,
contó a LA REPUBLICA.
El entonces mayor José Nino Gavazzo,
torturador y asesino en Argentina y Uruguay.
En sendas tarjetas postales de la compañía aérea francesa, Carlos
escribió una nota dirigida al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, otra al abogado Leandro Despoui y una tercera a su hermano radicado
en Bélgica. Cuando llegó a Montevideo, funcionarios de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia lo bajaron del avión, le pusieron una capucha, le
tomaron sus huellas dactilares en la DNII y lo llevaron al cuartel de La
Paloma, donde lo interrogó el mayor Gavazzo. Su esposa en Montevideo, también
fue detenida por el capitán Jorge Silveira.
Carlos permaneció dos meses preso y torturado. Solo le preguntaban por
una persona. Finalmente lo liberaron, probablemente por la acción de ACNUR, que
logró sacarlo de Uruguay. Carlos conserva un par de aquellas postales que,
quizás, le salvaron la vida.
8) LA COORDINACIÓN EN MARCHA
El 13 de noviembre de 2008, en el marco de la misma
investigación periodística, ‘‘La República’’ publica un artículo titulado “El atento observador francés”, (http://www.lr21.com.uy/politica/339536-el-atento-observador-frances)
donde se profundiza en la incidencia de la Inteligencia militar francesa en el
entrenamiento de los represores sudamericanos y se dan nuevos elementos de las
consecuencias de aquella reunión de coordinación de 1974, previa al encuentro
de Santiago de Chile en noviembre de 1975, donde se creó el hoy famoso “Plan
Cóndor”.
A partir de esa reunión, dos años antes del golpe de Estado en
Argentina, el Departamento de Asuntos Exteriores (DAE) de la superintendencia
de seguridad de la Policía Federal argentina pasó a ocuparse del seguimiento y
detención de los extranjeros requeridos por las dictaduras vecinas. Las
operaciones las hacía la propia Triple A, donde ya actuaba Aníbal Gordon, quien
fue enlace con los chilenos que asesinaron al general Carlos Prats en setiembre
de 1976 y desde entonces era el nexo de los represores uruguayos en Buenos
Aires.
El 24 de junio de 1974, otra patota de represores argentinos y
uruguayos, también entró a la fuerza en un local de la calle México en Buenos
Aires, donde estaba reunido un grupo de exiliados uruguayos al cumplirse un año
del golpe de Estado. Fueron detenidas y fichadas 101 personas. Muchos de ellos
sería luego secuestrados y están hoy desaparecidos. En el operativo estuvo al
mando el subcomisario Alberto Villar.
El memorándum de la Operación Gris de
junio de 1974 desclasificado de los archivos de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia.
Los exiliados uruguayos permanecieron detenidos por casi un mes, durante
el cual fueron interrogados en la Super Intendencia de la Policía Federal,
donde les hicieron registro dactiloscópico y les tomaron fotos. El abogado
Leandro Despoui presentó un Habeas Corpus por todo el grupo acusado de “alterar
el orden”. Los hombres permanecieron presos en la cárcel de Villa Devoto y las
mujeres en la prisión de San Miguel.
El caso fue denunciado por la publicación “Noticias” y los detenidos,
que estuvieron a punto de ser trasladados a Usuaia, fueron liberados una noche
de julio. La mayoría de los liberados pasó a una situación de clandestinidad.
Uno de ellos pudo confirmar que el teléfono de su casa en Montevideo estaba
“pinchado” ya que luego de una llamada sus familiares fueron amenazados y uno,
hasta torturado en Inteligencia Policial.
La “Operación Gris”, como se la denominó, dejó en
manos de la coordinación represiva desde aquel año 1974, un listado de
uruguayos que serían perseguidos durante los años siguientes. Entre los
“fichados” estaban Juan Pablo Errandonea, Ruben Prieto y Juan Pablo Recagno,
quienes terminarían siendo desaparecidos en Orletti en 1976; y Andrés Bellizzi
y Gustavo Inzaurralde, desaparecidos en 1977. Los cinco fueron condenados en
aquel operativo...
9) LA MUERTE DETRÁS DE WASHINGTON
BARRIOS
Washington Javier Barrios Fernández había nacido en
Cúcuta, Colombia, pero se había nacionalizado uruguayo. Había estudiado en el
Maturana y en el Palotti, y cursaba Derecho. Era militante del MLN-Tupamaros y
trabajaba en la Agencia Marítima Dodero S.A. desde donde podía cumplir un rol
estratégico en el ingreso y egreso de “encomiendas” y personas.
Se terminaría vinculando a la Junta Coordinadora
Revolucionaria (JCR) en la que unían fuerzas el Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR) de Chile, el Partido Revolucionario de los
Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) de Argentina, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia, y el Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaros (MLN-T) de Uruguay.
Cuando la JCR hizo pública su existencia en un
comunicado difundido el 15 de febrero de aquel 1974, la coordinación represiva
ya estaba en funcionamiento, y Washington Barrios se convirtió en el principal
objetivo de las Fuerzas Conjuntas uruguayas, que habrían recibido una
advertencia desde Argentina sobre el robo de armas y granadas que el ERP había
logrado el año anterior, cuando copó un batallón militar en Córdoba.
Diana, Laura y Silvia, asesinadas en
Montevideo para encontrar a Washington Barrios, objetivo de la represión
coordinada.
De acuerdo a una investigación periodística
realizada para ‘‘La República’’, (que no se llegó a publicar porque hubo una
crisis empresarial con envíos al seguro de paro), el miedo a esas armas pudo
motivar la saña con la que el 21 de abril de aquel año se atacó la casa de la
calle Mariano Soler 3048, en la que se acribilló a las jóvenes Diana Maidanick
(21), Laura Raggio (19) y Silvia Reyes (19) esposa de Washington Barrios y
embarazada de tres meses.
En la investigación histórica sobre la represión,
realizada por el profesor Álvaro Rico, se pudo constatar que aquel operativo
fue realizado por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo de Artillería Nº 2,
comandado por los generales Juan Rebollo, Julio César Rapela y Esteban Cristi,
y ejecutado por los mayores Armando Méndez, José “Nino” Gavazzo y Manuel
Cordero, al mando de los capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el
teniente Jorge Silveira. No encontraron a Barrios ni a las temidas armas;
dejaron muerte.
Washington Barrios había viajado a Buenos Aires el
20 de abril, y allí se enteró de lo ocurrido. Un uruguayo, exiliado entonces en
Buenos Aires y que llegó a verlo en el Café Tortoni donde se reunían los
compatriotas, recuerda que Barrios estaba destrozado y dispuesto a todo. No le
extrañó que terminara siendo capturado en Córdoba el 17 de setiembre siguiente,
junto a otros dos militantes del ERP.
Washington Barrios fue secuestrado en
Córdoba en setiembre de 1974 y entregado a los uruguayos a principios de 1975.
Barrios se declaró “combatiente” y exigió la
aplicación de la Convención de Ginebra; sin embargo, aunque lo procesaron, sólo
le iniciaron una causa penal por ingresar ilegalmente al país (dijeron que por
su condición de colombiano debía presentar pasaporte). El 11 de octubre lo
trasladaron desde Córdoba a La Plata y lo encarcelaron en una unidad cercana a
Lomas de Zamora, para que cumpliera una pena de cinco meses de prisión.
Barrios fue interrogado por militares uruguayos en
Argentina. El 22 de octubre, los oficiales Gavazzo y Méndez volvieron a la casa
de la calle Mariano Soler y le dijeron a la madre que su hijo se encontraba
bien. Incluso, Armando Méndez devolvió la moto que le habían robado. Según el
expediente judicial de La Plata, Barrios cumplió su pena el 20 de febrero de
1975 y debía ser trasladado a Córdoba, o liberado.
En la investigación histórica de Rico se explica: “El último oficio del Juzgado dice
que: el Sr. Washington Javier Barrios Fernández desaparecido del coche policial
que lo conducía con custodia desde el juzgado Federal Nº 3 en la ciudad de La
Plata el día 20 de febrero de 1975 (no sabiendo hacia donde era conducido)”... Washington Barrios fue entregado a los
uruguayos y probablemente trasladado a Montevideo. Su desaparición, como las
muertes de Diana, Laura y Silvia, fue consecuencia de la coordinación represiva
que existía en 1974.
10) LA REPRESIÓN INTERNA URUGUAYA
El asesinato de las “pibas de abril” y el traslado
y desaparición de Washington Barrios, no fueron los únicos casos de represión
interna en aquel fatídico año. En la investigación realizada para el diario
‘‘La República’’, se contextualiza lo que ocurría dentro y fuera de fronteras,
antes de que en 1975 se formalizara el Plan Cóndor:
A principios de 1974, el general Gregorio Álvarez dejó el Estado Mayor
Conjunto y pasó a la División Ejército IV. Lo sucedió en el ESMACO el coronel
(PAM) José Cardozo, quien también ocupó la secretaría del Consejo de Seguridad
Nacional (COSENA). El general Julio César Vadora fue designado agregado militar
en Estados Unidos y el coronel Ramón Trabal fue enviado a la agregaduría en
París, de donde no regresaría.
Banzer, Bordaberry, Geisel y
Pinochet. Los dictadores ordenaron aniquilar a los exiliados en Argentina.
El presidente Juan María Bordaberry realiza entonces dos reuniones
presidenciales: el 12 de febrero se encuentra con el mandatario argentino Juan
Domingo Perón y el 16 de marzo, durante los actos de asunción en Brasil del
general Ernesto Geisel, se reúne con el general Augusto Pinochet, en lo que se
constituye en el primer encuentro regional de dictadores, al que también asiste
el boliviano general Hugo Banzer.
A su regreso, Bordaberry confirma como comandantes con los grados de
Teniente General a Hugo Chiappe Posse (que en marzo sería desplazado por el
general Vadora, quien el siguiente 4 de setiembre se reuniría con el propio
general Geisel), como Brigadier General a José Pérez Caldas (a quien subrogaría
el Brigadier Dante Paladini) y como vicealmirante a Víctor González Ibargoyen.
A partir de entonces, la represión se incrementó dentro y fuera de
fronteras. En Uruguay, desaparecen José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira y
Olivar Laura Sena Rodríguez, y matan a Aldo Perrini Gualo, Julio Larrañaga,
Silvia Reyes, Laura Raggio, Diana Maidanick, Ricardo Alberto Blanco, Víctor
Hugo Padilla, Nybia Sabalzagaray, Idilio De León Bermúdez, Iván Morales y
Gilberto Coghlan.
Uno de los grupos que fue particularmente reprimido en ese año fue el
Partido Comunista Revolucionario (PCR). En junio de 1974 fueron detenidos ocho
de sus militantes (tres de ellos en Argentina) y en el mes de diciembre fueron
apresados otros 39 simpatizantes, entre ellos Luis Eduardo González González
detenido el 13 de diciembre, muerto en la tortura y desaparecido, a quien el
general Esteban Cristi denunció como fugado.
Documentos desclasificados muestran hoy que la Oficina Coordinadora de
Operaciones Antisubversivas (OCOA) daba cuenta desde el 15 de enero de 1974 de
las actividades del PCR en Buenos Aires, donde se le implicaba en la formación
de la Unión Artiguista Libertadora (UAL). Otro documento firmado por el Mayor
Ernesto Rama, entonces jefe de operaciones de OCOA, hacía referencia a los
militantes PCR en Argentina.
Jabif, Banfi y Latrónica, ejecutados
en Argentina antes de los fusilamientos de Soca.
En ese período, en Argentina fueron asesinados Guillermo Jabif, Daniel
Banfi, Luis Latrónica, Raúl Parachnik y Raúl Feldman, y fueron desaparecidos
Washington Barrios y Natalio Dergan, a la vez que Floreal García, Mirtha
Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanel, fueron
trasladados a Uruguay y fusilados en Soca como supuesta represalia por el
homicidio del coronel Ramón Trabal en París.
11) IVÁN MORALES: LA CONFESIÓN DE
CORDERO
El 19 de enero de 2009 se pudo esclarecer lo
ocurrido con Iván Morales Generali, gracias a la publicación de un documento en
el que el entonces mayor Manuel Cordero le informaba al segundo comandante de
la División de Ejército I (entonces el general Luis V. Queirolo), cómo se les
había muerto en la tortura aquel 21 de noviembre de 1974. (http://www.lr21.com.uy/politica/349...).
Iván Morales, quien se encontraba exiliado en
Argentina, había viajado a Montevideo el día anterior para conocer a su hijo
recién nacido, pero fue detenido en el domicilio de una compañera en Malvín
Norte y “luego
de un breve pasaje de 30 minutos por dependencias del Departamento IV” de la
DNII, conducido al Regimiento de
Caballería N° 6 que comandaba el teniente coronel Omar Goldaracena. La
coordinación represiva volvía a funcionar.
El “parte” redactado por Cordero permite imaginar
el calvario sufrido por Iván Morales (http://www.lr21.com.uy/politica/349...):
“SEÑOR 2º COMANDANTE DE LA DIVISION DE EJERCITO I
De acuerdo a su orden verbal, cúmpleme informar a usted que:
Luego de varios días de investigaciones y habiéndose efectuado alrededor
de 12 detenciones se llegó a ubicar a una persona de alias “JUAN”, cuyo nombre
verdadero respondía al de IVAN MORALES GENERALI.
El citado residía en la ciudad de Buenos Aires, habiendo llegado al
Uruguay por vía Aliscafo el día 20 de noviembre de 1974, a la hora 20.00 a
visitar a una concubina que tenía domicilio en el núcleo habitacional de Malvín
Norte, Calle 126, Nº 2076, Apto. 201.
El torturador Manuel Cordero presente
en los principales crímenes de lesa humanidad.
El día 21 de noviembre de 1974, próximo a la hora 12.00 y sabiendo que
el citado se encontraba en tal dirección, se montó un operativo con apoyo de
los Departamentos 4 y 5 de Policía con personal de civil.
El resultado de tal acción fue la captura del mismo, el que luego de un
breve pasaje de 30 minutos por dependencias del Departamento IV, fue trasladado
a la Unidad Base (Reg. “AS” de Cab. Nº 6).
Apenas llegado, se le comenzó a interrogar y luego de algunas evasivas
admite ser integrante de la OPR 33 desde el año 1969-70, funcionando con
distintos alias (PEPE, DANIEL, JAVIER y JUAN). Admitió ser reclutado por GRIOT
AVONDET alias “Montes” o “Campos”, requerido, encargado de la Cárcel del Pueblo
de la OPR 33 en la calle Humberto 1ero.
Prosiguiendo el interrogatorio y sin presión admite participar en el
rapto de Molaguero, siendo el encargado del trato, ser Comando militar en el
año 1972 y tener varios compañeros bajo su mando, entre ellos el fallecido
Idilio De León Bermúdez.
Preguntado por su actual funcionamiento y actividades entra en un
cerrado mutismo negándose a hablar. Ante esto se le manifiesta que se van a
emplear otros métodos, como amenaza.
Ante esto dice que no va a aguantar pero que va a hablar, como esto solo
son argumentos dilatorios se lo deja recostado, preparándosele para trasladarlo
a otro lugar de la Unidad.
En estas circunstancias se suspende momentáneamente el interrogatorio
por unos 15 o 20 minutos, en espera de trasladarlo a otras dependencias.
En ese lapso se habla por 2 o 3 veces con el detenido el cual contesta,
llegado un momento en que se nota que comienza a respirar con dificultad, se lo
intenta reaccionar con masaje al corazón, mientras urgentemente se llama al
enfermero de la Unidad, que llega a los pocos segundos.
En ese instante, éste informa que el detenido presenta muestras de haber
fallecido, comprobándolo instantes después, que así había sido.
Sucedidos los hechos narrados se le da cuenta al Jefe de la Unidad, Tte.
Cnel. Goldaracena, quien a su vez ordena al suscrito que dé cuenta al Comando
del OCOA.
Asimismo pongo en su conocimiento que de una revisación practicada en el
domicilio del citado detenido, se incautó material subversivo y un portafolios
con berretín en donde se hallan las claves para descifrar mensajes y
grabaciones incautadas en la ciudad de Buenos Aires a un ciudadano de apellido
Presno hechos que se investigan en la actualidad.
Saluda a usted atentamente.
Mayor MANUEL J. CORDERO”
El parte firmado por el mayor
Cordero, una confesión de la muerte por torturas de Iván Morales.
13) VUELO CERO: LOS FUSILADOS EN SOCA
El 24 de octubre de 2006, en el diario ‘‘La
República’’, se anunció que el caso de los cinco fusilados de Soca sería
finalmente presentado ante la Justicia civil (http://www.lr21.com.uy/politica/227430-presentan-ante-la-justicia-penal-el-caso-de-los-fusilados-de-soca).
Trabal y los fusilados en Soca, un
represalia que en realidad podría estar encubriendo el homicidio del militar en
Francia.
La información que se había acumulado durante 32
años, permitía demostrar que las víctimas habían sido secuestradas en Buenos
Aires el 8 de noviembre de 1974, que permanecieron en varios centros
clandestinos de reclusión en Argentina, que fueron trasladadas en el llamado
“vuelo cero” a Montevideo, donde las mantuvieron en el centro de torturas “300
R” en una casona de Punta Gorda antes de ejecutarlas y abandonar sus cuerpos
cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia por la muerte del
coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de ese año. Un niño, Amaral García,
fue el primer menor apropiado por los represores y fue recuperado diez años
después.
El 21 de diciembre de 1974 un comunicado oficial de la Jefatura de
Policía de Canelones daba cuenta de la aparición de cinco cadáveres en las
cercanías de la localidad de Soca. La información ocupó las primeras planas de
los diarios La Mañana, El Día y el País.
Dos días antes había sido asesinado en París el ex director de
Inteligencia, coronel Ramón Trabal, cuyos restos contaba la prensa serían
repatriados a Uruguay en esos días. El homicidio del militar se adjudicaba a
una brigada internacional presuntamente vinculada al MLN-Tupamaros.
“Las primeras observaciones demostraron a simple vista que los
cadáveres presentaban varias heridas de armas de fuego (de calibre 45 y 9 mm)
que les habrían provocado la muerte. Todos los cuerpos estaban vestidos con
ropas y calzado de procedencia argentina y, entre ellas, se encontraron
cigarrillos y fósforos del mismo origen y también uruguayos. Todos los cuerpos
carecían de documentación que pudiera facilitar su identificación”, decía
el comunicado.
Floreal, Mirtha, Graciela, María de
los Ángeles y Héctor, un cobarde crimen de lesa humanidad aún impune.
Pese a esa “dificultad” para identificarlos, en el propio comunicado
policial se daban los datos filiatorios de los occisos, como sus antecedentes
ideológicos y prontuariales. “Ninguna de estas personas se encontraba
requerida en la actualidad”, sugería el parte de la “efectiva” Policía
canaria.
Durante tres décadas aquel homicidio colectivo quedó cubierto por el
“silencio austero”. Se dijo que había sido una represalia por el homicidio de
Trabal. Se estableció el mensaje de que diez subversivos serían ejecutados por
cada militar muerto. El régimen nunca reconoció aquel fusilamiento.
14) EL TESTIMONIO DE JULIO ABREU
El 7 de noviembre de 2005, ‘‘La República’’ publicó
el testimonio de Julio Abreu (http://www.lr21.com.uy/politica/193980-el-sobreviviente-de-los-fusilados-de-soca-rompe-un-silencio-de-30-anos),
un uruguayo que por 30 años había mantenido en silencio la verdad sobre lo ocurrido
con los cinco uruguayos cuyos cuerpos aparecieron fusilados en la localidad de
Soca, el 21 de diciembre de 1974, sólo horas después de que se produjera el
asesinato del coronel Ramón Trabal en París.
Julio Abreu y Amaral García, dos
sobrevivientes de uno de los operativos de coordinación represiva más crueles
de la dictadura.
Julio Abreu narró entonces (...) que fue secuestrado el 8 de noviembre
de aquel año en Buenos Aires junto a Floreal García, su esposa Mirtha
Hernández, el pequeño Amaral García (quien permanecería desaparecido diez años
en Argentina), Héctor Brum y su esposa María de los Ángeles Corbo (embarazada)
y Graciela Estefanel, con quienes fue trasladado ilegalmente a Montevideo por
vía aérea.
Abreu, señaló entonces tres lugares donde permanecieron recluidos en Argentina,
que según identificó a LA REPUBLICA el informante que aportó los datos que
permitieron encontrar al niño Simón Riquelo y denunciar el “segundo vuelo” de
Orletti, se tratarían de la Brigada de San Justo, la sede de Coordinación de la
Policía Federal y un sitio de Campo de Mayo donde había casas rodantes, iguales
a las que describe su testimonio.
El sobreviviente confirma que entre noviembre y diciembre de 1974 la
Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) ya estaba operando en el traslado ilegal de
opositores secuestrados en Argentina. Y de aquel “vuelo cero”, aunque le habían
inyectado un somnífero, pudo recordar un avión con asientos de a dos (“como un
ómnibus”) y que alguien con acento uruguayo se sentó a su lado le preguntó su
nombre y datos personales.
La tapa de ‘‘La República’’, cuando
Abreu rompió el silencio.
El testimonio de Abreu coincide con el de Antonio Viana Acosta, también
trasladado por vía aérea en junio de 1974 y determina nuevas preguntas para el
comandante en jefe de la aviación, brigadier general (av) Enrique Bonelli,
quien luego de confirmar los vuelos de Orletti en 1976 al presidente Tabaré
Vázquez, aseguró que no había registros de posteriores traslados.
Bonelli no dijo si había datos anteriores a los traslados de Orletti.
Abreu señala que en Montevideo, los seis secuestrados fueron llevados a la
Casona de Punta Gorda, donde fueron torturados hasta que un día a fines de
diciembre, sacaron a los cinco militantes tupamaros del lugar y no volvió a
verlos. “Bueno ya los matamos, están todos muertos estos comunistas",
oyó decir a su regreso al oficial que se los había llevado.
A Abreu lo soltaron bajo amenaza de muerte luego de “pasearlo” en un
avioneta (varios traslados posteriores serían en una aeronave similar a la que
describe) para fingir que recién lo estaban trayendo desde Buenos Aires. Tiempo
después comprendió que era el único sobreviviente de los fusilados de Soca,
pero ante la amenaza mantuvo su silencio hasta otorgar la entrevista a LA
REPUBLICA
15) EL RELATO DE MARTÍNEZ MORENO
La investigación también incluía el relato que el
escritor, periodista y abogado uruguayo Carlos Martínez Moreno (1917-1986)
escribió sobre los fusilados de Soca durante su exilio en México, y la
respuesta que el dictador Juan María Bordaberry dio a un periodista
norteamericano cuando le preguntó sobre el caso (http://www.lr21.com.uy/politica/194...):
Lo ocurrido en el CONSENA en diciembre de 1974, aparece narrado por el
escritor Carlos Martínez Moreno en el libro “El Color que el Infierno me
escondiera” (Editorial Nueva Imagen, México 1981), donde dedica un capítulo
titulado “La Arboleda” a la decisión del fusilamiento en Soca.
Martínez Moreno denunció la votación
del COSENA que permitió la ejecución.
Explica Martínez Moreno que el régimen dictatorial había resulto en
aquellos años que por cada oficial militar que pudiera morir en la “lucha
contra la subversión” se procedería a ejecutar a cinco “subversivos” y que los
fusilados de Soca fueron la “cuota” por la muerte del coronel Trabal en
Francia.
“Sobre julio del 70, cuatro años atrás, aparece la ecuación
oficialmente formulada: una organización autodenominada MANO (Movimiento Armado
Nacional Oriental) previene que “por cada policía, soldado, taximetrista o
cualquier persona honrada que caiga, cobraremos 5 vidas inútiles”, escribe.
Martínez Moreno sostiene que el homicidio de los cinco tupamaros que
habían sido secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre fue sometido a
votación en el Cosena, donde el dictador Juan María Bordaberry habría hecho
constar en actas que no acompañaba la medida.
En un trabajo del periodista Luis Casal Beck publicado recientemente en
Caras y Caretas, se recuerda una declaración que Bordaberry realizó al
investigador norteamericano Scott Myers, autor del ensayo “Los Años Oscuros
(1967-1987)”, quien logró entrevistarlo en 1986.
"Fue una acción del general
Álvarez" le dijo Bordaberry a un periodista norteamericano.
“A la mañana siguiente, cuando me levanté recibí la noticia de que en
Soca habían sido encontrados cinco tupamaros muertos. Habían huido de Uruguay y
estaban viviendo en Argentina. Esto, francamente, en mi opinión, fue una acción
del general Álvarez. Los tupamaros fueron trasladados desde Argentina (...) En
represalia por la muerte de Trabal, los mataron. Esta es mi opinión. Traté de
investigar, pero fue imposible”, le confió Bordaberry.
16) LA CONFIRMACIÓN DE VÍCTOR
SEMPRONI
El relato de Martínez Moreno fue confirmado, en
setiembre de 2008, por el fallecido dirigente sindical y diputado Víctor
Semproni, quien declaró a ‘‘La República’’ (http://www.lr21.com.uy/politica/330891-semproni-pidio-careo-con-silveira)
que el coronel Jorge Silveira le había dicho, en 1974, que a los fusilados en
Soca “los
limpiamos nosotros” y que la próxima vez que fuera
muerto un militar iban a ejecutar a diez presos políticos.
El procesado Jorge “Pajarito” Silveira confesó y amenazó que a los cinco
uruguayos fusilados de Soca “los limpiamos nosotros y la próxima vez que caiga
uno de los nuestros (en alusión al asesinato de Ramón Trabal) van a ser diez”.
El testimonio será brindado la semana que viene a la Justicia por el diputado
Víctor Semproni. (...)
Víctor Semproni dio su testimonio a
la justicia luego de la confesión del coronel Silveira.
El 20 de diciembre de 1974, un día después de la muerte de Trabal,
fueron fusilados 5 militantes tupamaros y sus cuerpos arrojados cerca de Soca.
Semproni integraba una célula del MLN de la que detuvieron a tres de cinco
miembros el 24 de abril de 1974. Fueron llevados a Artillería 1 donde los
torturó José Nino Gavazzo.
En diciembre, cuando muere Trabal, fueron sacados de sus celdas e
interrogados. Les preguntaron quién había matado a Trabal y coincidieron en
decir que no pudo ser su grupo. Semproni cuenta: “¿Quién lo mato?”, me
dijeron. “Esto debe ser un lío entre ustedes”, contesté y la respuesta
me valió una sanción de quince días.
“Cuando luego me llevaron a una visita y un soldado me trasladaba
encapuchado, nos paró Pajarito Silveira, me hizo sacar la capucha y me dijo:
“¿Supiste lo que pasó?” y me contó cómo aparecieron los cuerpos de Soca”.
"A esos cinco los limpiamos
nosotros y la próxima vez que caiga uno de los nuestros van a ser diez",
advirtió el Pajarito Silveira.
“A esos cinco los limpiamos nosotros, y la próxima vez que caiga uno de
los nuestros van a ser diez… Estás autorizado a decirlo en la visita como
advertencia para los de afuera”, le dijo Silveira.
“No le dije nada a mi familia… Temí que fuera un operativo de
inteligencia para medir hasta dónde llegábamos con la información desde
adentro. Lo comenté luego con organizaciones de DDHH”.
17) “300 R”: EL INFIERNO CHICO
La casona de Punta Gorda, que los militares tomaron
a un grupo de tupamaros en 1974, se transformó en una de las más sangrientas
bases de represión de la dictadura. Por allí pasaron, probablemente, todos los
uruguayos que fueron secuestrados en el exterior y trasladados ilegalmente a
Montevideo, antes de ser encarcelados, asesinados o desaparecidos.
La hoy remodelada casona de Punta
Gorda... la curva del ensueño fue una terrible pesadilla.
Ese centro clandestino de reclusión, fue reconocido
por el sobreviviente Julio Abreu como el lugar donde lo detuvieron junto a los
cinco fusilados en Soca. Gracias a unas fotos que el reportero Freddy Navarro
había sacado a fines de los 80 para el diario ‘‘La Hora’’, cuando la casona
había quedado desocupada, Abreu pudo reconocer el baño que le obligaban a limpiar
en la planta alta del edificio de la rambla. La imagen, presentada en una
denuncia judicial por víctimas del “300 R”, se incluyó en una nota para la
revista ‘‘Caras & Caretas’’, el 11 de diciembre de 2011:
El baño del "300 Carlos R"
que Abreu reconoció: "Me lo hacían limpiar luego de las torturas".
La amplia casona de dos plantas está ubicada en la rambla República de
México al cinco mil, casi frente a la playa de los Ingleses, a una cuadra de
donde la rambla O’Higgins se transforma en Coimbra para cortar la península de
Punta Gorda. Es un predio de 608 m2, padrón Nº 95.308, carpeta catastral Nº
3.107, con salida de coches a la calle Mar Ártico, donde un alto muro da hoy
intimidad al remodelado patio con barbacoa y piscina en forma de riñón.
A principios de los años setenta, el Movimiento de Liberación Nacional
Tupamaros (MLN-T) adquirió aquella enorme construcción ubicada en un lugar
donde nadie sospecharía de sus actividades. A su lado estaba el hotel Oceanía,
en cuya planta baja funcionaba Chez Carlos, un boliche donde actuaban los
principales artistas locales e internacionales de entonces. La publicidad
radial de aquella ‘boite’ seducía con la frase “en la curva del ensueño”.
Las fotos de Freddy Navarro reflejan
el horror de aquel centro clandestino de torturas.
En mayo de 1974, en un violento operativo militar, la casa fue tomada
por las Fuerzas Conjuntas. Después de que el dictador Juan María Bordaberry
ordenó su expropiación, el inmueble se transformó en un centro clandestino de
detención llamado 300 Carlos o Infierno Chico. Allí fueron torturados, muertos
y desaparecidos militantes de diversos grupos políticos, hasta que en 1983 el
Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble en licitación pública.
Hoy propiedad de los dueños de un conocido frigorífico de chacinados, la
casona de Punta Gorda comienza a revelar sus secretos ante los juzgados
penales, donde ya han hecho juicio los sobrevivientes de Orletti, ha presentado
testimonio el único sobreviviente de los fusilados de Soca y, en las últimas
semanas, han comenzado a declarar las víctimas de la Operación Morgan,
ejecutada en 1975 como un acto de “piratería” contra el aparato financiero del
Partido Comunista. (…)
Investigadores e historiadores discrepan respecto del origen del nombre
del centro de torturas. Para unos la denominación surgió de un operativo al que
se llamó “300 Carlos Marx” y que en 1975 pretendía encarcelar a tres centenares
de dirigentes y cuadros intermedios del Partido Comunista del Uruguay, pero
otros consideran que hace alusión al “Carlos” del nombre del vecino local
nocturno y la ‘R’ era por la Rambla, ya que el centro de torturas comenzó a
funcionar a mediados de 1974 contra el propio MLN-T.
Cuando esta casona cayó en manos de las Fuerzas Conjuntas, el Servicio
de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas (OCOA) habían terminado de implementar la represión contra los
uruguayos opositores que se habían radicado en el Chile del derrocado Salvador
Allende, y comenzaban a operar contra los ‘tupas’ que se trasladaron a
Argentina. (…)
La puerta de garaje por la que
entraban los detenidos y secuestrados. Muchos no salieron con vida.
El OCOA de la Región I del Ejército, con jurisdicción en Montevideo y
Canelones, centraba sus operaciones en el Batallón de Artillería Nº 1 del
cuartel de La Paloma, en el Cerro, y tenía su ‘chupadero’ en la llamada “cárcel
del pueblo” ubicada en la finca de la calle Juan Paullier 1190, que habían
expropiado al propio MLN-T en mayo de 1972. La casona de Punta Gorda se
transformaba entonces en un nuevo centro represivo, donde se coordinarían las
operaciones con los ‘inteligentes’ del SID.
18) JCJ, ESMACO, SID, OCOA, OSCAR E
INDIOS
El 13 de octubre de 2006, ‘‘La República’’ publicó
otro artículo (http://www.lr21.com.uy/politica/226...)
en que se evidenciaban las contradicciones entre el informe sobre los
desaparecidos, que había presentado el comandante en jefe del Ejército, general
Carlos Díaz, y los documentos que la dictadura había elaborado como historia
oficial.
En esa nota se explicaba cómo era el organigrama de
la represión, gracias a la colaboración de un represor, miembro de la OCOA, que
aceptó transformarse en fuente de la investigación periodística y por años se
constituyó en “consultor”, como le gustaba autodenominarse:
La existencia del Servicio de Información y Defensa (SID) y el papel que
jugó en los años de la dictadura, sólo puede ser comprendido atendiendo el marco
del poder que el Ejército, la Armada y la Aviación uruguayas fueron acumulando
en Uruguay desde principios de la década del setenta.
Jorge Pacheco Areco abrió el camino a
los militares en 1971.
Desde el 9 de setiembre de 1971, cuando el entonces presidente Jorge
Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra
la subversión, los mandos militares fueron creando nuevos escenarios y
organismos con los que terminaron por controlar el gobierno.
En el Tomo II (El Proceso Político) del libro “Las Fuerzas Armadas al
Pueblo Oriental” firmado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1978, se puede
seguir la consecuencia de resoluciones gubernamentales, pedidos militares y
autodeterminaciones de los mandos, con los que se dirigió la represión.
Fue el propio Pacheco Areco quien, por el decreto 672/971 del 16 de
diciembre de 1971, creó “a título experimental” para luchar contra la
subversión a la propia Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) y el Estado Mayor
Conjunto (Esmaco), con los que las Fuerzas Armadas concentraron el poder.
El comandante del Ejército (general Hugo Chiappe Posse) era, obviamente,
uno de los miembros de la JCJ, y uno de los generales de mayor nivel del
Ejército (el general Gregorio Álvarez) fue el jefe del Esmaco, desde donde se
realizaba el estudio, asesoramiento, coordinación y planificación de acciones.
(...)
El Pacto de Boiso Lanza dio el poder
a las Fuerzas Armadas.
Fue luego de la crisis del 9 de febrero de 1973, con el Pacto de Boiso
Lanza, que los mandos militares instituyeron su presencia en el Poder
Ejecutivo, a través de la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena),
integrado por los comandantes y con la secretaría del propio Esmaco.
El Esmaco tenía tres funciones: la de “coordinador” (“tareas de
información, asesoramiento y planificación de operaciones del conjunto de las
Fuerzas Armadas”), de “especialista” (“enseñanza, movilización, defensa civil,
estadísticas, historia, acción cívica”) y de “personal” (administrativa).
El 14 de mayo de 1973, la JCJ y el Esmaco le entregaban a Juan María
Bordaberry un documento llamado “Memorándum para el Sr. Presidente de la
República”, donde se incluía un “Organigrama del Sistema de Planificación y
Control del Desarrollo bajo condiciones de Seguridad Nacional”.
En el organigrama se observa con claridad la relación entre el Cosena y
el Esmaco como asesores del Poder Ejecutivo, y la dependencia directa que de
ellos tenían el Servicio de Información y Defensa (SID), el Servicio de
Información Exterior (SIE) y la Dirección Nacional de Información e
Inteligencia (DNII).
El COSENA aceptado por Bordaberry
tomaba las decisiones de Estado.
El SID, dependía del Esmaco, que planificaba para la Junta de
Comandantes en Jefe, que integraban el Cosena, donde se decidía lo que el
Presidente terminaría por aceptar y lo que las fuerzas represivas terminarían
por hacer, dentro o fuera del país. El Ejército no era ajeno a esa línea de
mando. (...)
Cuando a las Fuerzas Armadas se les encomendó la dirección de la lucha
contra la subversión, en cada una de las cuatro Divisiones en las que está
descentralizado el Ejército en el territorio nacional se creó un Organismo
Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Cada OCOA estaba comandada por un general, dos coroneles, tres
comandantes, que dirigían las acciones del personal de “Operaciones” a los que
se denominaba “Oscar” y de los agentes de “Información” a los que se llamaba
“Indios”, utilizando la primera letra del grupo en el que revestían.
Ernesto Ramas, Oscar 1, estaba al
frente del OCOA en 1974.
Los “Oscar” como los “Indios” se numeraban según el orden de mando:
“Oscar 1″ fue Ernesto Ramas (“Oscar Romeo”), “Oscar 2″ era José Nino Gavazzo,
“Oscar 7″ era Jorge Silveira, “Oscar 8″ el “francés” José Boudean, mientras que
“Indio 1″ fue el coronel Victorino Vázquez, entre otros.
El OCOA de la División de Ejército 1 operaba en distintos centros de
tortura y detención a los que denominaban “300 Carlos”. Primero fue en el
Batallón de Artillería 1, luego en la Casona de Punta Gorda, en la pera del
Servicio de Material y Armamento, en la Casona de Millán y finalmente en La
Tablada.
Todas las acciones del OCOA se comunicaban al SID, que enteraba de los
hechos al Esmaco, que informaba a la Junta de Comandantes, que debatía con la
Junta de Oficiales Generales, daba cuenta a la Comisión de Asuntos Políticos
(Comaspo) o trazaba lineamientos en el Cosena. El Ejército, sabía. (...)
El 5 de agosto de 1974, la Junta de Comandantes y el Esmaco aprobaron
las “Directivas al personal militar designado para prestar servicios en
reparticiones públicas ajenas al MDN (Ministerio de Defensa Nacional)”, que
estableció la intervención militar en todas las dependencias públicas.
Organigrama del OCOA aportado por un
represor que se constituyó en fuente de la investigación periodística.
En aquellas directivas se estableció que la Junta de Oficiales Generales
(Joogg), de la que participaban los 16 generales del Ejército, era el órgano
formulador y actualizador de la política nacional de las Fuerzas Armadas y la
Junta de Comandantes en Jefe, el máximo organismo de conducción y ejecución de
esas políticas (“como supremo organismo del mando militar”).
El SID, integrado operativamente con el Esmaco, la Dirección General de
Estadísticas y Censo (Dgeyc), la policial DNII y el Servicio de información Exterior
(SIE) de la Cancillería, constituían el centro de información nacional,
interior o exterior, de más alto nivel, en “beneficio” del Gobierno Nacional.
El Goyo Álvarez era el jefe del
Estado Mayor Conjunto (ESMACO), donde se planificaba la represión.
El Esmaco, integrado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) constituía el máximo organismo
de asesoramiento, planificación, evaluación y control en lo que respecta a
seguridad, desarrollo, presupuestación y administración pública.
“La totalidad de oficiales de las FFAA designados para actuar en
organismos públicos civiles, estará subordinada militarmente a la JCJ y su
actuación será coordinada por el Director del SID (información) y por el Esmaco
(asesoramiento, planificación y ejecución) según sea el caso”, se ordenaba. (...)
A partir de esas directivas de mayo de 1974, los efectivos militares
tenían una doble dependencia de mando. Por un lado, recibían órdenes de la
unidad en la que revestían dentro del Ejército, la Armada o la Aviación, y por
otro lado dependían del SID y del Esmaco en su misión, actividad o función de
Estado.
Los militares que cumplieron actividades en materia de “seguridad” o en
“operaciones antisubversivas”, fueran servicios de inteligencia del Ejército (S
II), la Armada (N II), la Aviación (A II) o la Policía (DN II), coordinaban con
el SID y el Esmaco, que informaba a la junta de oficiales y la junta de
comandantes.
19) LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD
La investigación periodística señalaba, en aquel
momento, a los responsables de todos esos crímenes (http://www.lr21.com.uy/politica/339...)
La responsabilidad del régimen dictatorial que entonces presidía Juan
María Bordaberry es clara en el caso de los fusilados de Soca, cuyo destino
habría sido decidido en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA),
según narra en su libro “El color que el infierno me escondiera” el escritor
Carlos Martínez Moreno; pero aún se desconocen los brazos ejecutores de aquella
primer ejecución masiva que luego se repetiría con las víctimas de los
traslados ilegales de 1976 y de 1978.
En aquel momento, el comandante en jefe del Ejército era el general
Julio César Vadora (que había suplantado a Hugo Chiappe Posse), en la aviación
el mando era el brigadier Dante Paladini y en la Armada, estaba el
vicealmirante Víctor González Ibargoyen, quien llegó a pedirle disculpas a
Héctor Corbo, oficial naval y hermano de una de las víctimas de Soca, porque la
decisión había sido del Ejército.
Los generales en actividad en el Ejército uruguayos cuando los
fusilamientos eran Eduardo Zubía, César Martínez, José Verocay, Hugo Chiappe
Posse, Luis Forteza, Esteban Cristi, Gregorio Álvarez, Antonio Cirilo, Dardo
Grossi, Hugo Linares Brum, Luis V. Queirolo, Amauri Prantl, Abdón Raymúndez,
Boscán Hontou y Juan J. Méndez.
Armando Méndez operaba en OCOA: le
robó la moto a Washington Barrios y era de la patota cuando ejecutaron a los de
Soca.
En los servicios de inteligencia militar y policial operaban entonces:
Tabaré Freddy Acuña Tournaben (Grupo Artillería 1), José Uruguay Araújo
Umpiérrez (Boiso Lanza), Ángel Dante Barrios Monje (SID), Pedro Enrique Buzó
Correa (Batallón 12), Carlos Calcagno Gorlero (Batallón Florida), Tabaré
Camacho Pastorini (operaba en Argentina), Hugo Campos Hermida (Brigada de
Narcóticos), Tomás Ventura Casella Santos (Batallón 13), Víctor Castiglioni
Herrera (DNII), Sergio Héctor Coubarrere Barro (operaba en Argentina), Manuel
Cordero Piacentini (Grupo Artillería 5), Gustavo Eduardo Criado Carmona (Reg.
6- OCOA), Calixto César De Armas González (SID), Ruben Díaz Porto (SID), Mario
Carlos Frachelle Mussio (Batallón 13, juez sumariante), José Nino Gavazzo
(Grupo Artillería 1 – OCOA), Octavio Heber González Segovia (OCOA), Armando
Méndez Gabán (Infantería 1), Menotti Ortiz del Puerto (SID), Walter Alcides
Pintos Alvariza (FAU), Ernesto Avelino Ramas Pereira (OCOA), Raúl Mario Saravia
Antiga (Infanteria 11), Francisco Silveira (SID), Jorge Alberto Silveira
Quesada (Artillería 1, OCOA), Ruben Atilio Sosa Tejera (Artillería 1), Gustavo
Adolfo Taramasco Steinfeld (OCOA), Jorge Néstor Tróccoli Fernández (FUSNA),
Victoriano Hugo Vázquez Pérez (Reg. 6), y Juan Carlos Volpe Zañudo (SID). Ellos
saben lo que ocurrió.
A los datos de aquel artículo, se puede agregar hoy
que en 1974, en la División de Ejército I desde la que operaba el OCOA 1 sobre
el territorio de Montevideo y Canelones, los mandos en las unidades eran los
siguientes: en la Brigada de Infantería N° 1, el comandante era el coronel
Julio César Rapela; el Batallón Florida de Infantería N° 1, estaba al mando del
teniente coronel Yamandú Sequeira; el Batallón de Infantería N° 2, obedecía a
los tenientes coroneles Waldemar Tarigo y Carlos Rivarola, y el segundo
comandante era el mayor José Sambucetti; el Regimiento de Caballería N° 4,
estaba a las órdenes de los tenientes coroneles Hugo Arregui e Ignacio
Bonifacio y el segundo era el mayor León Pérez; en el Regimiento de Caballería
N° 6, tenía la responsabilidad el teniente coronel Omar Goldaracena y su
segundo era el mayor Victoriano Vázquez; en el Batallón de Infantería N° 3, se
obedecía al teniente coronel Alberto Rodríguez, secundado por el mayor Manuel
Rey; y en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 1, estaban los tenientes
coroneles Roque Moreira Salgado y Rodolfo González García. Estos, también
saben...
20) CRONOLOGÍA DE LOS CRÍMENES DE
1974
A lo largo de 1974, la dictadura en Uruguay realizó
operativos represivos que determinaron el procesamiento y prisión de 432
ciudadanos; también hubo tres muertos en la tortura, cuatro desaparecidos y
ocho ejecutados; siete uruguayos fueron asesinados y uno desaparecido en
Argentina, desde donde hubo ocho trasladados: uno está desaparecido, cinco
fueron fusilados y dos sobrevivieron. Un militar fue muerto en Francia y una
ciudadana paraguaya “repatriada” a su país, permanece desaparecida.
ENERO. – Se realiza en Buenos Aires la
reunión de coordinación represiva entre Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, a
la que asiste el inspector Víctor Castiglioni. 25 - Bordaberry visita al
Presidente de Brasil General Ernesto Geisel
FEBRERO. - 1 - El general Gregorio Álvarez deja
el Estado Mayor Conjunto y pasa a la División Ejército IV. Lo sucede en el
ESMACO el coronel (PAM) José Cardozo, quien también ocupa la secretaría del
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). El general Julio César Vadora fue
designado agregado militar en Estados Unidos y el coronel Ramón Trabal es
enviado a la agregaduría en París, de donde no regresaría. 11 - Crisis
ministerial: renuncia el Cnel. N. Bolentini (Trabajo) y asume el Cnel. Hugo
Linares Brum.
La reunión entre Bordaberry y Perón
cuando en Argentina el terrorismo de Estado se disfrazaba de Triple A.
12 – El dictador Bordaberry se encuentra con el
mandatario argentino Juan Domingo Perón. 19 - Se aprueba nueva Ley
Orgánica Militar. 21 – Antonio Viana Acosta es detenido en Buenos Aires.
MARZO. - 5 - Aldo Perrini muere por torturas en
el Regimiento de Caballería N° 4 de Colonia, Uruguay. 15 - Durante los
actos de asunción en Brasil del general Ernesto Geisel, Bordaberry se reúne con
el general Augusto Pinochet, en lo que se constituye en el primer encuentro
regional de dictadores, al que también asiste el boliviano general Hugo Banzer.
17 - Bordaberry confirma como comandantes con los grados de Teniente
General a Hugo Chiappe Posse, como Brigadier General a José Pérez Caldas y como
vicealmirante a Víctor González Ibargoyen. 27- Es trasladada ilegalmente
a Paraguay, donde desaparecerá, la ciudadana paraguaya Victorina Godoy Vera,
militante del MLN detenida en Uruguay.
Pinochet y Bordaberry, dos dictadores
coordinados.
ABRIL. - 4 - Viana Acosta es trasladado a Uruguay
en un vuelo de Pluna. 18 – José Arpino Vega es detenido y desaparecido. 21
- Silvia Reyes, esposa del luego desaparecido Washington Barrios, es
asesinada junto a sus amigas Laura Raggio y Diana Maidanick. 24 - Es
detenido Víctor Semproni, militante tupamaro.
MAYO. – 1 - Actos públicos organizados
clandestinamente por varios sindicatos en La Teja y en Curva de Maroñas son
reprimidos. El general Julio César Vadora sustituye al general Chiappe Posse
como comandante en jefe del Ejército. 5 - Eduardo Pérez Silveira es
desaparecido en Uruguay. - Cae preso Rodney Arismendi, secretario
general del PCU.
JUNIO. - 12: Llega misión sobre derechos humanos
de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas. 24 – Un
centenar de refugiados de Naciones Unidas son secuestrados en un local de la
calle México por represores argentinos, chilenos y uruguayos, en la llamada
“Operación Gris” El grupo de uruguayos permaneció detenido y fue fichado.
Varios de ellos fueron desaparecidos en los años siguientes. 29 - Muere
por torturas Nybia Sabalsagaray.
Los uruguayos Cacciavillani y
Bentancour, también fueron ejecutados en Catamarca en 1974.
AGOSTO. - 11 – Son ejecutados en la provincia de
Catamarca los uruguayos Hugo Cacciavillani Cagliari y Rutilio Bentancourt,
integrados al ERP, en lo que se conoció como la “Masacre de la Capilla del
Rosario”.
SETIEMBRE. - 4 El Gral. Julio César Vadora se reúne
con el general Geisel. 12- Son asesinados en la localidad porteña de San
Nicolás los uruguayos Guillermo Jabif, Daniel Banfi y Luis Latrónica. 17 -
Detienen a Washington Barrios en Córdoba. 30 – El general chileno Carlos
Prats y su esposa Sofía Cuthbert mueren en un atentado con explosivos elaborado
por la DINA en Buenos Aires.
El cadáver del general Carlos Prats y
lo que quedó de su auto, luego del atentado con explosivos. La coordinación fue
antes de la reunión del Cóndor en Chile.
OCTUBRE. - 11- Paro masivo de Sunca. Detenidos sus
dirigentes, despedidos muchos de sus militantes. Su local es convertido en
comisaría.
NOVIEMBRE. - 2 - Liberación provisional del general
Liber Seregni. 8 – Los uruguayos Floreal García, Mirtha Yolanda
Hernández y su hijo Amaral García, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo,
Graciela Estefanell y Julio Abreu son secuestrados en Buenos Aires. 22 -
Muere por torturas Iván Morales. 26 - Clausura definitiva de Semanario
Marcha. 28 – Desaparece Natalio Abdala Dergan en Buenos Aires
El coronel Ramón Trabal, otro crímen
impune de 1974.
DICIEMBRE. - 2- Desaparición de Olivar Lauro Sena
Rodríguez. 13 - Desaparición de Luis Eduardo González González. 20 - Es
asesinado en París el agregado militar coronel Ramón Trabal, ex jefe de
inteligencia. 21 - Son fusilados en la localidad de Soca los cinco
militantes tupamaros detenidos en noviembre, quienes habían sido traídos
ilegalmente a Montevideo. Amaral permaneció desaparecido hasta 1985. 25 -
Es asesinado a balazos en el local del Movimiento Argentino de Solidaridad con
América Latina el uruguayo Raúl Feldman.
21) LA HORA DE LA JUSTICIA
La investigación periodística, compuesta por una
docena de artículos que durante años fue registrando los terribles episodios
sufridos en el año 1974, permite hoy ver la relación de los hechos y avanzar en
la asignación de responsabilidades en casos tan impunes como el de los
fusilados de Soca. Desde 2005, cuando el sobreviviente Julio Abreu narró la
verdad de lo ocurrido con los cinco uruguayos secuestrados en Buenos Aires, se
ha podido reconstruir la historia del verdadero comienzo de la coordinación
entre las dictaduras de la región y Argentina, donde los represores locales ya
operaban bajo la máscara de la Triple A.
El hallazgo del ejemplar de “El Auténtico” donde se
publicaron las actas de aquella primera reunión de coordinación para exterminar
a los asilados en Buenos Aires, posibilita entender cómo fue el proceso de las
víctimas uruguayas. Desde el traslado de Antonio Viana Acosta, a los homicidios
de ‘‘las pibas de abril’’, la desaparición de Washington Barrios, la ejecución
de Banfi, Latrónica y Jabif, la muerte por torturas de Iván Morales y el
secuestro, traslado y fusilamiento de los cinco de Soca. Todos casos de
coordinación represiva. Todos víctimas de la misma patota del Servicio de
Información y Defensa (SID) y de la Oficina Coordinadora de Operaciones
Antisubversivas (OCOA). Todos crímenes de Estado.
A la hora de la Justicia, el trabajo periodístico
–como el de los investigadores históricos- deja lugar a los fiscales y jueces,
que son los que tienen que constituir la prueba y asignar las
responsabilidades. Quedan elementos por indagar: saber, a través de los
ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, quiénes fueron los
agentes policiales y militares asignados a la embajada uruguaya de Buenos Aires
a partir de aquella reunión de coordinación represiva de enero de 1974;
confirmar, con la Dirección Nacional de Migraciones, quiénes viajaron a
Argentina los días previos a cada operativo de represión; establecer quiénes
eran los funcionarios policiales y militares asignados al Servicio de
Información y Defensa (SID) en ese período; identificar a los funcionarios que
cumplían tareas de Inteligencia y operativas en las unidades militares y los
centros clandestinos de detención de las tres armas a disposición de la Oficina
Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA); interrogar al personal
subalterno de cada una de esas dependencias, por ejemplo.
La reiteración de los nombres de los represores en
los distintos casos no es una casualidad. Todos ellos perdieron algo más que
“los puntos de referencia”, para convertirse en criminales de lesa humanidad
cuando secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron y desaparecieron a
uruguayos que se oponían a la dictadura. Muchos de los represores han muerto,
otros exhiben con soberbia su impunidad. Algunos, por otras violaciones a los
derechos humanos, ya están presos en cárceles especiales o en sus domicilios,
otros permanecen prófugos.
Es indispensable establecer la verdad sobre lo
ocurrido con las víctimas del terrorismo de Estado y la coordinación represiva
regional en aquel año 1974, porque esa génesis explica lo que ocurriría en los
años siguientes, cuando las ejecuciones y desapariciones llegaron al límite del
genocidio. La construcción de la verdad permite escribir la historia y, sobre
todo, crear la memoria colectiva que impida que tanto horror vuelva a ocurrir, estableciendo
culturalmente el nunca más. Por eso, es que la verdad exige justicia.
Roger Rodríguez - Mayo de 2017.
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