REDISEÑA TU VIDA Y POTENCIA TU ADN: GUILLERMO FERRARA. @yohanandiaz
domingo, 20 de septiembre de 2015
Ortiba peligroso
Víctor Semproni
"Si no se resuelve el problema
salarial de militares no voto el
presupuesto"
17 sep 2015
—¿Está de acuerdo con el presupuesto que le fue asignado al Ministerio de Defensa?
—El presupuesto tiene una serie de artículos, pero hay uno que nosotros no lo llevamos. Es el artículo 140 que propone que se supriman definitivamente del presupuesto de Defensa todas las vacantes y que con los recursos que se ahorran por el no pago de las vacantes suprimidas se le dé un aumento al personal militar que queda. Nosotros en mi grupo, Congreso Frenteamplista, discrepamos fundamentalmente con estas dos cosas, es decir con la supresión de vacantes y con la baja remuneración que se le da al personal subalterno. Lo que queremos es que el personal subalterno tenga el doble de aumento que propone el Ministerio de Defensa.
—¿Cómo se puede lograr eso?
—El planteo que hice es gravar el uso de las ondas electromagnéticas, que son aquellas por las que funcionan los celulares, las computadoras, las redes sociales. No queremos más impuestos, porque queremos ser coherentes con la propuesta del gobierno. Hay una diferencia entre impuesto y tasa, la tasa se cobra por un servicio que se brinda y la recaudación tiene que ser destinada al servicio. Le vamos a poner una tasa que en definitiva va a tener como destino garantizar y mejorar el desarrollo de las ondas electromagnéticas.
—¿Cómo se aplicaría esa tasa?
—Hay que tener en cuenta que a fines del 2014 en el país se utilizaban más de 5,5 millones de celulares, que según la Ursec hacen una llamada promedio por día. Si queremos cubrir los $ 200 millones que cuesta el aumento para la tropa habría que gravar cada llamada con 10 centésimos. Si le damos $ 400 millones serían 20. Y yo pregunto, ¿quién deja de hablar si le cobran eso? Si yo le digo al ministerio que no se eliminen las vacantes, porque ya hay dificultades para cumplir las funciones de la Armada, tengo que pensar que tendría que juntar $ 400 millones. Pero capaz que en lugar de descontar 20 centésimos, descontamos 30 o 40, para darle una parte a la educación. A cambio de esto, proponemos que se encomiende a las Fuerzas Armadas todo lo que es la vigilancia y protección de antenas.
—La senadora Constanza Moreira y el MPP están planteando bajar el presupuesto de Defensa
—Tienen todo el derecho de plantearlo, después lo vamos a discutir. Si triunfan esas tesis le tendrán que explicar a la gente. Todos los planteos que hablan de reducir las Fuerzas Armadas son producto del desconocimiento y la ignorancia respecto de la misión y el servicio que prestan.
—¿Si se recorta el presupuesto de Defensa usted va a dar su voto para aprobar el proyecto?
—Si no se resuelve el problema salarial de los funcionarios y no se suprime la reducción de vacantes de las Fuerzas Armadas, yo no voto este presupuesto.
En la foto vemos también al ex director del semanario ultra derechista "Nuevo Amanecer" Rogelio Mendiondo ahora diputado por el Frente Amplio. Individuo con estrechas vinculaciones al Escuadrón de la Muerte.
Viernes 18 de Septiembre de 2015
(defensa.com) La iniciativa corresponde al diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, Víctor Semproni. Parlamentarios oficialistas sostuvieron uno de sus fuertes cruces habituales sobre el rol de las Fuerzas Armadas y los recursos que se les destinan. El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, defendió la necesidad de un mejor presupuesto para su cartera y rechazó que en ciertos sectores políticos y sociales afines se valore esta inversión como un "gasto". Ménendez sostuvo que "Uruguay debe capacitarse y tener un mejor presupuesto en defensa", más allá de respaldar el actualmente establecido el Poder Ejecutivo.Rechazó las visiones que valoran el tema por cuánto se gasta y cuánto dinero es necesario para mantener a las Fuerzas Armadas.
Menéndez reivindicó las múltiples labores extra militares que cumplen sus subordinados y sostuvo que el gasto en Defensa del país es apenas del 0,95% del PBI, muy por debajo del promedio regional.Para este año, Defensa tiene adjudicados 465 millones de dólares, de los cuales el 79% se destinará a salarios y otro porcentaje elevado a mantenimiento de infraestructuras y bienes muebles, con una irrisoria suma para inversiones. El Ministerio de Defensa pretende, a su vez, incrementar los sueldos más deprimidos, y la única vía prevista en el Presupuesto es obtener recursos a partir de la supresión del 50% de las vacantes que se generan. Menéndez recordó que el salario de un soldado de primera es hoy equivalente a 333 euros.
El subsecretario de Defensa realizó estas valoraciones al presentar el mensaje presupuestal en la Comisión de Defensa de Diputados, lo que dio lugar a este fuerte intercambio entre los propios legisladores de izquierda sobre el rol de las Fuerzas Armadas. El diputado Víctor Semproni anunció que, como titular de la Comisión de Defensa, "no votará" el artículo que reduce el 50% de las vacantes, para así "con los pesos que sobran, algunas moneda más se puedan destinar al ya menguado salario que percibe la mano de obra barata de este país".
El legislador anunció, en cambio, que va a proponer el cobro de una "tasa" a todos los datos móviles "por los cuales se trasmite información", y así poder destinar mayores recursos al área. Interrogado por defensa.com, Semproni rechazó algunos comentarios peyorativos que ya hablan del "impuesto al WhatsApp", expresando que, en realidad, se trataría de una tasa por volumen de llamadas a los teléfonos móviles, "un redondeo", quedándo aún por establecer si se le cobraría al usuario o a la operadora y si incluiría una tasa sobre la conexión a internet. El parlamentario, para zanjar las diferencias que separan a referentes políticos del oficialismo por la visión de la cuestión militar, propone dividir el producido, entre Defensa y Educación. (Javier Bonilla)
Onda verde
Semproni quiere crear una tasa sobre las llamadas de celular para mejorar presupuesto de Defensa.
79% del gasto del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) va a parar a “retribuciones personales”.
Así lo dijo el miércoles el subsecretario de esa cartera, Jorge Menéndez, en la presentación que realizó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. 18% de los recursos se utilizan en gastos de funcionamiento y 3% en inversiones. El presupuesto del MDN implica 0,95% del Producto Interno Bruto, dijo el jerarca. Las cifras no convencieron a legisladores de la oposición ni a algunos del oficialismo.
El diputado frenteamplista Víctor Semproni, cuyo momento de máxima exposición en la legislatura pasada fue cuando se negó a votar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, manifestó su “profunda discrepancia” con la propuesta presupuestal para esta cartera y criticó una disposición presente en el articulado del ministerio, que establece la eliminación de 50% de las vacantes generadas en la cartera. El ahorro que se produzca al implementar esta medida se utilizará para aumentar los salarios más bajos del personal subalterno entre 800 y 2.000 pesos. “Quiero decir que no coincidimos con los números. Se dice que se le va a dar 1.000 pesos a este, 800 al otro y 1.500 a aquél, pero que no se puede aumentar lo destinado a Defensa, esa mano de obra barata que cumple más de 30 funciones en beneficio de la sociedad y lo hace sin fines de semana, sin días libres y sin horario”, dijo durante la comisión, según consta en actas. “Es hora de reflexionar; esto no puede seguir así”, prosiguió.
Su sector político, Congreso Frenteamplista, le entregará al Frente Amplio (FA) una propuesta para dar mayor financiación al MDN; ésta implica, básicamente, “la aplicación de una tasa a todos aquellos datos móviles por los cuales se transmite información”. Esta tasa sería de 10 centésimos por llamada de celular. “Esto puede resolver el problema de los salarios del personal subalterno e implicar un aporte para la educación”. A pesar de que la propuesta aún no fue estudiada por el FA, Semproni repartió un documento explicativo en la sesión del miércoles.
Las oficinas de ayer
Autoridades de Presidencia de la República, de la Corte Electoral y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) visitaron ayer la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja. Los diputados de la oposición cuestionaron que Presidencia de la República está “concentrando” poder con la creación de diferentes secretarías bajo su órbita, como la de Ambiente, Agua y Cambio Climático y la de Ciencia y Tecnología, que se suman a la ya aprobada Secretaría Nacional de Deportes. El argumento principal es que estas oficinas escapan al contralor parlamentario al que están sujetos los ministerios. El diputado colorado Conrado Rodríguez habló incluso de un “vaciamiento ministerial”.
De estas tres secretarías, la de Ambiente, Agua y Cambio Climático es la que genera mayor rechazo, en la medida en que ya existe una Dirección Nacional de Medio Ambiente en el MVOTMA. El diputado artiguense Mario Ayala (Partido Nacional) preguntó en la comisión si las tareas de estos dos organismos no podrían superponerse. Desde el oficialismo, su par Sergio Mier respondió que la titular del MVOTMA, Eneida de León, aseguró en la comisión que existirá coordinación entre ambas oficinas. El legislador también sostuvo que es lógico que el presidente quiera tener algunos temas más cerca, para ser más ejecutivo y ejercer mayor control sobre las políticas a desarrollar.
En tanto, la Corte Electoral presentó su propio presupuesto y planteó la creación de dos cargos de confianza: un director y un subdirector, con el objetivo de mediar entre los ministros y los funcionarios de este organismo. También informó que puso a la venta el edificio Soler, donde actualmente se realizan los escrutinios departamentales. Argumentan que necesitan un espacio más amplio.
>>> Ortiba peligroso
Así lo dijo el miércoles el subsecretario de esa cartera, Jorge Menéndez, en la presentación que realizó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. 18% de los recursos se utilizan en gastos de funcionamiento y 3% en inversiones. El presupuesto del MDN implica 0,95% del Producto Interno Bruto, dijo el jerarca. Las cifras no convencieron a legisladores de la oposición ni a algunos del oficialismo.
El diputado frenteamplista Víctor Semproni, cuyo momento de máxima exposición en la legislatura pasada fue cuando se negó a votar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, manifestó su “profunda discrepancia” con la propuesta presupuestal para esta cartera y criticó una disposición presente en el articulado del ministerio, que establece la eliminación de 50% de las vacantes generadas en la cartera. El ahorro que se produzca al implementar esta medida se utilizará para aumentar los salarios más bajos del personal subalterno entre 800 y 2.000 pesos. “Quiero decir que no coincidimos con los números. Se dice que se le va a dar 1.000 pesos a este, 800 al otro y 1.500 a aquél, pero que no se puede aumentar lo destinado a Defensa, esa mano de obra barata que cumple más de 30 funciones en beneficio de la sociedad y lo hace sin fines de semana, sin días libres y sin horario”, dijo durante la comisión, según consta en actas. “Es hora de reflexionar; esto no puede seguir así”, prosiguió.
Su sector político, Congreso Frenteamplista, le entregará al Frente Amplio (FA) una propuesta para dar mayor financiación al MDN; ésta implica, básicamente, “la aplicación de una tasa a todos aquellos datos móviles por los cuales se transmite información”. Esta tasa sería de 10 centésimos por llamada de celular. “Esto puede resolver el problema de los salarios del personal subalterno e implicar un aporte para la educación”. A pesar de que la propuesta aún no fue estudiada por el FA, Semproni repartió un documento explicativo en la sesión del miércoles.
Las oficinas de ayer
Autoridades de Presidencia de la República, de la Corte Electoral y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) visitaron ayer la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja. Los diputados de la oposición cuestionaron que Presidencia de la República está “concentrando” poder con la creación de diferentes secretarías bajo su órbita, como la de Ambiente, Agua y Cambio Climático y la de Ciencia y Tecnología, que se suman a la ya aprobada Secretaría Nacional de Deportes. El argumento principal es que estas oficinas escapan al contralor parlamentario al que están sujetos los ministerios. El diputado colorado Conrado Rodríguez habló incluso de un “vaciamiento ministerial”.
De estas tres secretarías, la de Ambiente, Agua y Cambio Climático es la que genera mayor rechazo, en la medida en que ya existe una Dirección Nacional de Medio Ambiente en el MVOTMA. El diputado artiguense Mario Ayala (Partido Nacional) preguntó en la comisión si las tareas de estos dos organismos no podrían superponerse. Desde el oficialismo, su par Sergio Mier respondió que la titular del MVOTMA, Eneida de León, aseguró en la comisión que existirá coordinación entre ambas oficinas. El legislador también sostuvo que es lógico que el presidente quiera tener algunos temas más cerca, para ser más ejecutivo y ejercer mayor control sobre las políticas a desarrollar.
En tanto, la Corte Electoral presentó su propio presupuesto y planteó la creación de dos cargos de confianza: un director y un subdirector, con el objetivo de mediar entre los ministros y los funcionarios de este organismo. También informó que puso a la venta el edificio Soler, donde actualmente se realizan los escrutinios departamentales. Argumentan que necesitan un espacio más amplio.
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sábado, 19 de septiembre de 2015
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JUAN PABLO CORREA28 ago 2015
El gobierno se aferra a la declaración de esencialidad de la educación estatal y ayer se limitó a ofrecer dejar en suspenso hasta el lunes cualquier sanción derivada del evidente desacato al decreto. El gobierno no ha enviado hasta ahora telegramas a los funcionarios ni adoptado sanciones, aunque tiene bien claro quiénes han asistido a cumplir tareas en los centros de estudios. El gobierno evalúa que hay centros de estudio que funcionan con normalidad y que las asambleas sindicales no son un barómetro totalmente confiable para evaluar el nivel de acatamiento a los paros.
Durante cuatro horas, el gobierno fue haciendo distintas propuestas a diez representantes de los sindicatos de la enseñanza y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en la sede del Ministerio de Trabajo en el marco del Consejo Superior de Salarios del sector público. Hubo varios cuartos intermedios pedidos por la representación oficial. La delegación del gobierno era de alto nivel. Estaba el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, su subsecretario Julio Baráibar, el director de Trabajo, Juan Castillo, el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, el asesor Martín Vallcorba, el director de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, entre otros. A Ferreri se lo vio hablar por celular varias veces.
En determinado momento, Castillo salió muy serio y consultado respecto a si había acuerdo, respondió: "acuerdo no, propuesta". Luego salió Baráibar y dijo: "está difícil la cosa".
Durante un cuarto intermedio, los sindicalistas discutieron vehementemente en la puerta de la sala Enrique Erro y se podía intuir que el acuerdo no aparecía. Más de una vez se escuchó, en boca de sindicalistas, "nos vamos, nos vamos". Era evidente que consideraban que el nivel de participación en la marcha (ver página A7) era un aval a su oposición tajante al decreto de esencialidad. El sindicalista Luis Bazzano, de COFE, mostraba su celular con fotos de la marcha. Y el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, hizo un comentario sugestivo. "Segunda marcha del día. Ya está. Correlación de fuerzas pura", haciendo evidente referencia a que los sindicatos se sienten respaldados en su postura. Un sindicalista dijo que hay que "decirles que ustedes nos metieron en este lío y no lo han dicho", en alusión al gobierno. Y Óscar López, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, avisó que "venimos a negociar nosotros y no nos puede decir el Turco (en referencia a Marcelo Abdala, secretario general de la central) lo que vamos a hacer".
Propuesta.
Murro quiso estar flanqueado de Ferreri, García y Scavarelli para presentar la propuesta del gobierno que, en realidad, tiene bastante poco de novedosa. El primer punto reitera el ofrecimiento de levantar la esencialidad si "las federaciones y sindicatos de la enseñanza pública se comprometen a reanudar las clases inmediatamente de todos los servicios y en todo el país". El segundo punto señala que el gobierno ofrece dejar en suspenso hasta el lunes las sanciones que deberían adoptarse como consecuencia de no acatar la declaratoria de esencialidad. En el tercer ítem el gobierno ofrece reanudar la negociación salarial en la enseñanza pública en base al acta de preacuerdo suscripta el viernes 21 (que fue rechazada por los maestros de Montevideo y Fenapes). El cuarto punto ofrece extender a los trabajadores estatales la entrega gradual de lentes y prótesis que el Banco de Previsión hoy brinda a los trabajadores privados.
El Poder Ejecutivo se comprometió también formalmente a entregar a los sindicatos estatales el proyecto de ley de Presupuesto Nacional y reafirmó que la educación es prioritaria y que promoverá un diálogo nacional para su transformación. También ofrece extender la negociación colectiva a todas las intendencias.
Murro mencionó una y otra vez la voluntad de acordar del gobierno y no quiso especular respecto a si a partir del lunes sí se aplicarán sanciones a los docentes que no se reintegren a sus puestos. "El lunes hablamos", dijo. E insistió en que si ese día volviesen a trabajar, solamente se les descontarían de sus haberes los días de paro realizados. "Esto es una propuesta del Poder Ejecutivo y hay que considerarla en general. Sin duda para nosotros hay avances", señaló.
Murro deslizó también que "hay muchas contrapartes" y mencionó que este fin de semana se reunirá la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), con lo cual dejó entrever que el gobierno cree que puede haber sindicatos dispuestos a tomar una posición más moderada.
Pero para la delegación sindical evidentemente lo ofrecido es poco. López, del secretariado del Pit-Cnt, dijo que la situación es "compleja" y que "el problema lo colocó el gobierno" y "no asume responsabilidad política". Olivera, de Fenapes, pasó un mensaje al gobierno al decir que la manifestación de ayer había sido "impresionante" y consideró que "el común denominador" de las ofertas oficiales es que no levantaban la esencialidad de la educación pública y, por tanto, a su juicio, son inaceptables.
Olivera dijo que los sindicatos tienen la voluntad de seguir negociando y que "el portazo lo dio el gobierno". Tanto él como López aseguraron que ayer no se analizaron aspectos salariales y que el centro de la discusión fue la esencialidad que, según Olivera, "no tiene marco jurídico". Para López, el análisis del tema de la esencialidad impidió que se abordasen ayer aspectos salariales que los sindicatos pretenden discutir en los próximos días. "Discutimos mucho y no pudimos llegar a un acuerdo. La esencialidad nos está perjudicando de manera jodida", reconoció.
Para Olivera, el gobierno repite lo hecho por la anterior administración en 2010 que redujo al mínimo el tiempo para la discusión salarial en el sector público.
>>> El zar de la droga
DROGA Y NARCOLAVADO: UN TOPO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Escándalo por un caso de espionaje en el Uruguay
Un funcionario espiaba para Alemania
FERNANDO BUTTAZONI. Montevideo. Especial para Clarín
Un escándalo de insospechadas consecuencias sacude el ámbito político de Uruguay, tras el descubrimiento de un caso de espionaje que involucra a un funcionario uruguayo que trabajaba al servicio de la inteligencia alemana. El caso se destapó en febrero pasado, cuando el topo, de nombre Juan Domínguez, recibió un fax criptografiado de la Bundesnachrichtendienst (BND), el Servicio Secreto Exterior de la República Federal Alemana. Pero su difusión pública, ahora, ha encrespado las aguas.Domínguez, un funcionario de menor rango de la Junta Nacional Antidrogas (organismo que funciona en el edificio de la Presidencia de la república), recibía encargos del servicio secreto alemán y cobraba cien dólares por cada uno de estos trabajos.
Al parecer, Domínguez informaba sobre drogas y narcolavado.La revista Posdata, que se publicó ayer en Montevideo, revela que en aquella ocasión los servicios de inteligencia uruguayos allanaron las oficinas de la Junta Nacional Antidrogas, detuvieron a Domínguez e incautaron abundante documentación. El topo se encuentra ahora bajo la figura jurídica del emplazado, a disposición de la Justicia, y no puede abandonar la capital uruguaya.Posdata agrega datos inquietantes: uno de ellos es que el juez penal que investiga el caso maneja documentos que comprometen seriamente al mismísimo prosecretario de la Presidencia de la república, el doctor Alberto Scavarelli, quien es a su vez la cabeza visible de la Junta Antidrogas. Según esa información, Scavarelli habría organizado una especie de red de consulta no oficial, en la que también participaban Jurgen Merken, jefe del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico y Lavado de Dinero de la BND, y Karl Frank, oficial de enlace de la sección operativa de las Américas del espionaje alemán. Scavarelli, un hombre del entorno del presidente Julio María Sanguinetti, es además vicepresidente de la Comisión de estupefacientes de la ONU.
El funcionario rechazó ayer mismo las acusaciones y negó de forma terminante la información sobre un supuesto acuerdo no oficial entre las organizaciones antidrogas de Uruguay y Alemania. Sin embargo, en un documento firmado por Juan Domínguez y que luce el logotipo de la Presidencia de la República, se señala que en acuerdo con el Pro (...) se decidió achicar la cosa y reducirla a un mero acuerdo entre la BND y la JNA. Ese documento figura en el expediente judicial. Distintas versiones indicaban ayer en Montevideo que la red de espías al servicio de los alemanes incluía a varios funcionarios gubernamentales de otros países, entre los que se menciona a un alto oficial del ejército de Bolivia. También se indica que formaba parte de la red un periodista de Paraguay, quien trabaja en la ciudad de Pedro Juan Caballero.Según reveló ayer Posdata, la indagatoria judicial también involucra a otros altos cargos oficiales y a ex funcionarios de la presidencia uruguaya, entre los que se menciona a Raquel Magri Díaz, ex secretaria ejecutiva de la Junta Nacional Antidrogas. Alberto Scavarelli reveló anoche a Clarín que ayer había ratificado la denuncia penal contra Domínguez por el caso de espionaje.
Scavarelli señaló que no deja de ser un tema menor el del espía, y que lo importante es que Uruguay es un país comprometido fuertemente en la lucha contra las drogas. En ese sentido, subrayó que Uruguay ha introducido en el ámbito internacional el tema de la industria química y sus vínculos con la elaboración de drogas y el lavado de dinero. El prosecretario admitió que son temas muy duros, aunque aclaró en relación con el caso del agente al servicio de Alemania que en la Junta Nacional de Antidrogas no se manejan informes secretos.Subrayó además que siempre que se realizan actividades internacionales en la lucha contra las drogas, Uruguay lo hace en el marco de convenios bilaterales. Scavarelli dijo que las actividades de colaboración entre los organismos alemanes y uruguayos en torno del tema narcotráfico se habían suspendido por la falta de convenios que regularan las mismas. Otro alto funcionario del gobierno indicó ayer a Clarín que no habrá comunicado oficial alguno en torno del tema. También reveló que Domínguez, como funcionario del gobierno, se dedicaba a rastrear y compilar información periodística sobre el tema drogas. Anoche se supo que varios parlamentarios de la coalición de izquierda, el Frente Amplio, pedirán información a los servicios de inteligencia, aunque admitieron la dificultad para ampliar las investigaciones. Dijeron: Nadie parece responder por lo que sucede en la Junta Antidrogas.
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82 asesores
Ministros contrataron 82 asesores por un salario promedio de 56.000 pesos
El hecho se produce en medio del debate de la ley de presupuesto, que propone elevar el tope a $191.000 en busca de salarios "más competitivos"
Los ministros del gobierno de Tabaré Vázquez contrataron a 82 asesores con salarios promedio de 56.000 pesos nominales, justo momentos en el que el Parlamento debate una cláusula de la Ley de Presupuesto que pretende eliminar el tope de salarios para personal de confianza.
Según recoge el diario El País, el gobierno considera "una necesidad" el pago de salarios más competitivos para los asesores, pero la oposición cree que la decisión tiene un "fin político" .
Los contratos actuales de estos adscriptos a los 13 ministros de la Administración Vázquez son de colaboración directa por el tiempo que dure el mandato.
Según la la ley, los asesores deben acreditar "idoneidad suficiente" para ejercer sus cargos.
La crónica de El País señala, a modo de ejemplo, que una maestra asesora a la ministra de Desarrollo Social, que un biólogo es adcripto al ministro de Economía, un chofer es consultor del ministro de Defensa y que técnico de fútbol es asesor del ministro el Interior.
El gobierno de Mujica había dispuesto topes para los consultores de ministros. En el presupuesto del gobierno anterior (2010-2014) el tope del contrato mensual para cada asesor correspondía al 90% del sueldo del director general del ministerio, que entonces era de $ 117.000.
El nuevo presupuesto pone como tope el 60% de lo que gana el presidente, esto es unos 191.215 pesos, casi cuatro veces más de los sueldos que hoy perciben los asesores en el gabinete.
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Según la la ley, los asesores deben acreditar "idoneidad suficiente" para ejercer sus cargos.
La crónica de El País señala, a modo de ejemplo, que una maestra asesora a la ministra de Desarrollo Social, que un biólogo es adcripto al ministro de Economía, un chofer es consultor del ministro de Defensa y que técnico de fútbol es asesor del ministro el Interior.
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El nuevo presupuesto pone como tope el 60% de lo que gana el presidente, esto es unos 191.215 pesos, casi cuatro veces más de los sueldos que hoy perciben los asesores en el gabinete.
El peculiar elenco de los asesores
El gobierno pretende aumentar el límite salarial de los asesores de los ministros para conquistar a los mejores y así ganar en “inteligencia” estatal. Pero, hasta ahora, quienes han ocupado esos cargos no siempre han derrochado idoneidad y, sobre todo, muchos de los que entraron como asesores terminaron ejerciendo otros roles.
PAULA BARQUET19 sep 2015
Una maestra asesora a la ministra de Desarrollo Social, un chofer al ministro de Defensa, un biólogo al ministro de Economía y un técnico de fútbol al ministro de Interior. Son algunos de los 82 adscriptos actualmente contratados por los 13 ministros para que "colaboren directamente" con ellos durante el tiempo que dure su mandato. Según la ley, todos ellos han acreditado "idoneidad suficiente a juicio del jerarca de acuerdo a las tareas a desempeñar".
El salario promedio, según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) a los que accedió El País, es $ 55.963 nominales. Pero si se aprueba un artículo incluido en el presupuesto que se está discutiendo por estos días, estas personas podrían cobrar hasta $ 191.215 nominales si es que el ministro a cargo así lo decide.
El tema estalló hace 10 días en la comisión de Presupuesto de Diputados. El director de la ONSC, Alberto Scavarelli, les explicó a los legisladores que "muchos ministros" habían planteado la necesidad de pagar sueldos más competitivos a sus asesores. Habló de "la necesidad de que el Estado cuente con el asesoramiento de técnicos del más alto nivel de especialización" e incluso de "la necesidad de potenciar la inteligencia del Estado a través de los mecanismos de asesoramiento".
En concreto, lo que se propone es eliminar el límite salarial que preveía la ley de presupuesto anterior. Hasta ahora, los asesores no podían cobrar más que el 90% del salario del director general de Secretaría de cada ministerio. La cuenta da $ 69.462 (sin compensaciones). Al suprimir ese límite, el tope que pasaría a regir sería el 60% del salario del presidente de la República, lo cual corre para todos los funcionarios estatales. Así, los ministros podrían pagar a sus apreciados asesores hasta $ 191.215 nominales.
No aumentaría el gasto: quedaría tal como lo pensaron los hacedores del presupuesto anterior —entre otros Conrado Ramos, que dio su opinión sobre este asunto (ver aparte). Lo que se hizo en 2010 (artículo 58 de la ley 18.719) fue asignar a cada ministerio un monto máximo a gastar en estos asesores personales. En algunos casos fueron $ 8 millones, en otros $ 6 y en otros $ 4. Eso, a valores actuales, son $ 11,7 millones, $ 8,7 y $ 5,8.
Lo que cambia es la posibilidad de pagar más, incluso más que al número tres del ministerio. Según Scavarelli, esto es vital "para que el Estado pueda cumplir sus funciones, inclusive las de contralor, en actividades de enorme compromiso para el país como la explotación de recursos naturales o de futuros recursos". Y agregó que si el nuevo artículo no se aprueba, "puede producirse, en algunos casos nos tememos que sea así, un debilitamiento de la capacidad del ministro".
La argumentación no convenció a los diputados de la oposición. El nacionalista Gustavo Penadés dijo: "La verdad es que yo comprendería que se instrumentara ese mecanismo si se necesitara, por ejemplo, un ingeniero nuclear de la NASA". Mencionó que existen distintas formas de contratar personas especializadas (por ejemplo, arrendamiento de obra), y opinó que el cambio sería "absolutamente contraproducente para la estructura".
Luego, remató: "Sin duda, para nosotros este mecanismo tiene un claro fin de carácter político y, en ese sentido, lo primero que queremos saber es si al día de hoy se justifican esas adscripciones, que de por sí las consideramos un exceso". Pidió información "sobre la cantidad de adscriptos que hay en cada inciso, con nombre y apellido, la función que realizan y el salario que perciben".
El jueves pasado, nuevamente en comisión, Scavarelli entregó parte de los datos. No llevan "nombre y apellido", y los salarios son promediados, pero sí se incluyen pistas sobre su "idoneidad". Hay 82 personas contratadas bajo este régimen. El ministerio que tiene más asesores y más dinero ha previsto gastar en ellos en 2015 es el de Transporte. En total, los 13 ministerios planean gastar este año $ 74,6 millones en asesores (ver cuadro).
A Jorge Gandini, también del Partido Nacional, el asunto lo retrotrajo a 2011, cuando cursó pedidos de informes ministerio por ministerio para conocer quiénes eran los adscriptos. Le contestaron 12 de los 13 ministerios; solo faltó el de Trabajo y Seguridad Social.
El diputado guarda en una carpeta rebosante aquellas respuestas con decenas de currículum y resoluciones. Entre otras cosas, de allí se desprende que unos cuantos contratados como asesores terminaron en otros roles. "Aquí se plantea un requisito, que es que cumpla funciones con el ministro. El ministro no lo puede traer para cumplir funciones en otro lado", disparó Gandini en comisión.
En Transporte, por ejemplo, Andrés Copelmayer entró como asesor de Enrique Pintado (con un sueldo que excede lo estipulado, unos $ 80.000) y luego trabajó como jefe de gabinete. La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, contrató como asesor al arquitecto Pablo Guarino (que era edil y fue candidato a intendente de Cerro Largo por el Frente Amplio) y luego lo designó "coordinador regional para la zona este". El canciller Luis Almagro tenía en 2011 ocho asesores: ninguno de ellos lo asesoraba directamente. En el Ministerio del Interior, dos de los cuatro asesores fueron contratados explícitamente para trabajar como coordinadores del Instituto Nacional de Rehabilitación.
De la información recabada por Gandini se puede sacar otra conclusión: no siempre se cumple que el asesor se va con el ministro. El biólogo Alejandro Zavala y el economista Gabriel Papa, por ejemplo, cumplen funciones de asesores desde 2011 en el Ministerio de Economía. El ministro cambió pero ellos siguen ahí.
En el Mides había una estudiante de Agronomía como asesora de Ana Vignoli. En varios casos los asesores son, en realidad, encargados de prensa.
"Al campeón mundial traelo por el BID"
El politólogo Conrado Ramos (Partido Independiente), que subdirigió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al inicio del gobierno de José Mujica, fue uno de los ideólogos del artículo 58 de la ley de presupuesto anterior, que reguló la figura de los asesores. Ramos explicó que antes se limitaba la cantidad de asesores por ministerio, y que a partir de 2010 el tope se fija por monto para así controlar el gasto. A su vez, dijo que se fijó el salario máximo en 90% del sueldo del director de secretaría para que "no haya más incentivos" que para asumir una responsabilidad política. En ese sentido, criticó que ahora se quiera eliminar esa cláusula porque "se devalúa aún más la figura del director de secretaría". Agregó que hay varios mecanismos de contratación, y alegó: "Si querés al campeón mundial, traelo por un préstamo del BID".
Gandini, un año atrás de los asesores.
El Partido Nacional votó en contra del artículo 58 de la ley de presupuesto de 2010. Aprobado el artículo, presentó un aditivo que solicitaba que los ministros remitieran información sobre cada contrato de asesor. El FA lo rechazó argumentando que el legislador podía conocer esa información por la vía del pedido de informes. Por eso, el 6 de junio de 2011 Jorge Gandini envió pedidos a los 13 ministerios. Seis le contestaron dentro del plazo, otros seis fuera del mismo y uno (Trabajo) no respondió. El 9 de setiembre pasado, en comisión de Hacienda, Gandini recordó esta experiencia y le preguntó al director de Servicio Civil qué opinaba sobre la posibilidad de incorporar un inciso estableciendo la obligatoriedad de que los ministros presenten estos datos al rendir cuentas. Scavarelli respondió que no dependía de él.
Más allá del famoso personal trainer de Pintado.
El Ministerio de Transporte es el que más asesores ha contratado. Terminó 2014 con 12 (entre ellos, un personal trainer cuya contratación observó el Tribunal de Cuentas) y actualmente Víctor Rossi cuenta con 11 asesores personales.
Trabajo gasta $ 7 millones en nueve asesores.
El Ministerio de Trabajo tiene previsto gastar el 83% de la partida asignada (hoy unos $ 8,7 millones) en nueve asesores. En el período anterior contrató a 11 personas, siendo el segundo ministerio con más asesores luego de Transporte.
Un técnico de fútbol para asesorar a Bonomi.
De acuerdo a los datos del Servicio Civil, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tiene entre sus nueve asesores a un técnico de fútbol. En el período pasado, dos de los supuestos asesores fueron destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación.
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