La metamorfosis
28 mayo, 2015
Las causas de un giro de 180 grados en la actitud del ministro de Defensa sobre los derechos humanos son un misterio, más allá de su folclórico histrionismo.
Era casi una leyenda que acunaban los tupamaros clandestinos, esa especie de simbiosis (relación estrecha de organismos de diferentes especies, en este caso política) entre Raúl Sendic y Eleuterio Fernández Huidobro: el Bebe, retraído, acaso tímido, de pocas palabras, aportaba una sólida formación y una intuición inusual para analizar la coyuntura; el Ñato, exuberante, extrovertido, irreverente; el Bebe imponiendo los fundamentos ideológicos y estratégicos, el Ñato aportando destellos de genialidades. Ambos llegaron a formar, en ocasiones, un equipo aceitado que produjo los más importantes documentos internos de la guerrilla urbana y que daba fluidez a una dirección con una especial condicionante, ser colectiva en la clandestinidad.Esa cooperación sufrió un quiebre definitivo a mediados de 1972, en plena derrota militar de los tupamaros. El cuartel del Batallón Florida, en el Buceo, fue el centro de un proceso de negociaciones con características inusitadas: prisioneros que salían del encierro para establecer contactos con los dirigentes en la clandestinidad, dirigentes empeñosamente buscados (Sendic) que ingresaban al cuartel para discutir con sus compañeros presos. Justificado en el hecho (real) de que al menos se atenuaría la tortura sistemática, el diálogo entre prisioneros y oficiales pronto derivó a otro plano cuando los oficiales pusieron como condición la rendición incondicional con entrega de armas. Fernández Huidobro apoyó la propuesta y en sus salidas del cuartel, acompañado del capitán Carlos Calcagno, fundamentó ante sus compañeros las ventajas tácticas. Sendic se opuso terminantemente, pero en lugar de una negativa condicionó la entrega de armas a un tercero (la Iglesia Católica) a la aceptación de un programa de medidas económicas y políticas para la superación de las causas que promovieron el enfrentamiento armado. La contrapropuesta provocó división entre los oficiales jóvenes de menor rango involucrados en las negociaciones, pero el estado de asamblea –que se extendía a otros cuarteles– fue cortado de raíz cuando los altos mandos rechazaron de plano el programa político. (Pero unos meses después los mandos utilizaron cínicamente las propuestas en los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973, en el primer escalón del golpe, como engañabobos, tal como confesara más tarde el general Abdón Raimúndez.)
Ya en el segundo piso de la cárcel de Libertad, Sendic reprochó duramente a Fernández Huidobro por haber dado trámite al planteo de rendición incondicional de los militares, y ese cuestionamiento se mantuvo, después de una década larga de encierro como rehenes de la dictadura, cuando en 1985, tras la liberación, se produjo la reagrupación de los tupamaros en la legalidad.
En aquellas diferencias puede estar el origen de los cambios radicales en la conducta política del hoy ministro de Defensa Nacional. Raúl Sendic mantuvo, hasta su muerte en 1989, una postura intransigente frente a los violadores de los derechos humanos y los responsables del terrorismo de Estado. Como Fernández Huidobro, Sendic jerarquizaba la responsabilidad de personajes civiles en su carácter de cómplices de los militares y de ideólogos de la dictadura. Pero a diferencia de aquél, éste no diluía la culpabilidad militar por el hecho de compartir responsabilidades y manifestó siempre un sentimiento de repugnancia por aquellos que, aunque fueran, en todo caso, simple mano ejecutora, cometieron las mayores atrocidades. Fernández Huidobro, en cambio, acentúa la responsabilidad civil para amparar a sus amigos militares.
¿De dónde proviene esa amistad? Comienza en el Batallón Florida, producto de aquellos intercambios que, a pretexto de una discusión sobre el papel de las oligarquías y la utilización de la “mano de obra militar” para la defensa de los intereses, derivó en las negociaciones para la superación de “la guerra”. Los intercambios se multiplicaron a lo largo de los años en la rotación por los diferentes cuarteles del Interior, donde Fernández Huidobro, aislado, y con un precario contacto con sus dos compañeros de encierro, aceptó la continuación del intercambio, que a veces se disfrazaba de interrogatorio y a veces era un simple diálogo entre combatientes. En una situación similar, Sendic se negó sistemáticamente a aceptar el intercambio, y los únicos diálogos se redujeron a salvajes torturas, so pretexto de interrogatorios.
Hay quienes explican la conducta del ministro como expresión de un “síndrome de Estocolmo”, la identificación del prisionero con sus carceleros; otros simplemente afirman que “el Ñato se quebró”. Con la salvedad de que se trata de un documento de origen militar, que puede o no reflejar la verdad, un informe interno del Ocoa de 1978 consigna tramos de una conversación mantenida por los interrogadores con el Ñato, por entonces recluido en los calabozos del cuartel de Paso de los Toros, en la que éste habría aportado valoraciones sobre tupamaros refugiados en el exterior. Por ese documento, Julio Marenales calificó a Fernández Huidobro de “traidor”, y el Ñato nunca desmintió el contenido de ese informe.
Cualquiera de las dos hipótesis resultan insuficientes para explicar la colaboración de Fernández Huidobro con los militares a lo largo de los años: como dirigente del Movimiento de Participación Popular, y como legislador integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Fernández Huidobro mantuvo sistemáticos contactos con los mandos militares, pero también con aquellos oficiales, en actividad o en retiro, integrantes de la logia Tenientes de Artigas.
En ocasión en que la justicia chilena solicitó la extradición de tres oficiales, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, involucrados en el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, para impedir que testificaran en el juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, Fernández Huidobro argumentó que la entrega a los magistrados del país andino sería un acto de ensañamiento por tratarse de militares, “un plan cóndor al revés”, y que los oficiales acusados serían “presos políticos”. Casella y Washington Sarli eran integrantes de la logia Tenientes de Artigas.
Con el paso del tiempo, el hoy ministro subió la apuesta en la defensa de los militares acusados de delitos de lesa humanidad: “Existen sectores que quieren justicia, además de verdad. Quieren castigar a los culpables de las violaciones de derechos humanos. Yo no lo acepto”, afirmó en un programa periodístico de Teledoce. Fue a raíz de la publicación de un documento atribuido a Fernández y a varios militares de los Tenientes de Artigas, un proyecto de pacto para “cerrar definitivamente las heridas del pasado”, elaborado en 1989, y que consagraba la “teoría de los dos demonios”. Fernández Huidobro confirmó que él y José Mujica “siempre” tuvieron diálogos y encuentros con los militares, pero negó la autoría del documento. En 2011 Fernández Huidobro renunció a su banca de senador, discrepando con el Frente Amplio por el proyecto interpretativo de la ley de caducidad, argumentando que el pueblo ya se había pronunciado en dos plebiscitos. En ese mismo año el ministro de Defensa públicamente discrepó con el fallo de la justicia que procesó a Miguel Dalmao, general en actividad, por el asesinato de Nibia Sabalsagaray. “Es inocente”, dijo, quizás induciendo al presidente Mujica a dar un paso insólito, visitar al general procesado en su lugar de reclusión. También es parte de la defensa de los militares la carta que escribió “a quien corresponda” afirmando que el coronel retirado Juan Carlos Gómez, procesado por la muerte de Roberto Gomensoro, también era inocente. La carta facilitó el desplazamiento de los magistrados que se disponían a condenar a Gómez, y alentó la liberación del procesado.
Estos y otros ejemplos confirman la determinación del ministro de respaldar la postura de los militares que enfrentan acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Los insultos y groserías contra militantes y organizaciones de derechos humanos pueden atribuirse a una forma de ser estimulada por el enojo. Pero la coherencia de su postura a lo largo de los años, edificando la teoría de los dos demonios, debe tener una explicación todavía oculta.
Rosario Tauriño28 mayo 2015
El otoño del patriarca
Calificar de “enfermitos” a quienes se manifiestan año a año, en silencio, incluso a quienes han sufrido los delitos más aberrantes como víctimas o como familiares, son expresiones que no deberían ser toleradas, ni pronunciadas por quien porta una investidura del Frente Amplio.
El punto es especialmente interesante para el Frente Amplio, que en ocasiones apela a esa vieja frase de “coalición y movimiento”, y que probablemente divise –aunque a menudo prefiera cubrirse los ojos– cómo buena parte de su componente fundacional ya guarda la bandera en un hermético estante, actúa como un tardío soldado disciplinado en el momento de votar, o en el peor de los casos ya ha abandonado la divisa.
Fernández Huidobro es además un reincidente. El año pasado había disparado todo su poder de adjetivación, toda su destemplada bilis, contra Serpaj, la organización de “Perico” Pérez Aguirre, y aquella que nunca claudicó en la tarea de visitar calabozos, esos que recluyeron en condiciones infrahumanas no sólo a los tupamaros, sino a todos los presos, los políticos y los olvidados presos comunes. Esa asociación, al igual que otras permanentemente insultadas por Huidobro, a menudo ofició de único puente de conexión entre los familiares y los presos. El ministro de Defensa, que ahora dice que es “insultado”, fiel a su estilo lenguaraz, había calificado a los responsables de Serpaj de “imbéciles” y a la organización de haber sido “cercana a los nazis”. Si la caja de herramientas de Huidobro no fuese tan grotesca, esa apelación podría ser un ejemplo de humor involuntario, porque una de las fuentes de financiamiento del informe anual sobre derechos humanos de la Ong es nada menos que la Fundación Rosa Luxemburgo.
Si en aquella oportunidad el ministro recibió un tirón de orejas de Tabaré Vázquez, parece que no fue suficiente como para contener su incontinencia. Y si aquella vez el Frente Amplio se conformó con las explicaciones de Huidobro, ahora la última declaración de su Mesa Política parece que se atrevió un poco más (aunque se limitó a decir que las expresiones del ministro “no representan” al partido, y no explicita la consecuencia de esa pérdida de representación). Sólo algunos sectores decidieron llamar a las cosas por su nombre y reclamar la renuncia.
Calificar de “enfermitos” a quienes se manifiestan año a año, en silencio, incluso a quienes a pesar de haber sufrido los delitos más aberrantes, ya sea como víctimas o como familiares, han reclamado de modo pacífico el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado (ese demonio que no puede fusionarse con ningún otro, ni siquiera a fuerza del hierro fundido de las esculturas), son expresiones que no deberían ser toleradas, ni pronunciadas por quien porta una investidura del Frente Amplio.
En términos de eficiencia, si el presidente Vázquez pretende que se produzcan avances que permitan a los familiares conocer el destino de los restos de sus seres queridos o que se destraben muchas de las causas judiciales, el nombramiento de Huidobro se da de bruces con esa intención. Se cuentan por docenas los testimonios de familiares y de todo tipo de organización –más o menos escéptica– que chocaron contra la muralla del Ministerio de Defensa. Basta hablar con alguno de los querellantes para conocer que documentos que “no existían”, finalmente aparecieron a fuerza de tesón. Ya es de perogrullo narrarlo. La permanencia del ministro ofende incluso a quienes integran el propio Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que Vázquez acaba de legitimar por decreto.
Un análisis, en clave de real politik, podrá especular con que la presencia de Huidobro tranquiliza a los comandantes, a los generales, a los Tenientes de Artigas, o a quién sabe quién, posiblemente gente que el ministro conoce desde los años setenta, cuando –como él mismo reconoció– era uno de los negociadores con los militares. “Yo nunca abandoné el trabajo político en el seno de las Fuerzas Armadas”, dijo a Brecha, en 2011, cuando renunció a su banca en el Senado, y sumió al Frente Amplio en una crisis política de dimensiones, ya olvidada por los tiempos de la desmemoria. Otra hipótesis es que podrían existir algunos paquetes que se comenzaron a armar en el gobierno pasado, y que el enclenque y vociferante ministro ha convencido al presidente de que él es el único que puede terminar de rubricar la moña. Cuesta creer que en el mismo año en que se cumplen tres décadas de la recuperación de la democracia, y cuando se repite el mantra de que las Fuerzas Armadas ya son otras, el gobierno frenteamplista no cuente con otra figura que esté a la altura de las circunstancias.
Las Redes Frenteamplistas organizaron una movilización para el próximo lunes 1º de junio, frente a la Torre Ejecutiva, donde se entregará una carta pidiendo la remoción de Eleuterio Fernández Huidobro.
Será el próximo lunes 1ro de junio a las 17:30 frente a la Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia.
Eleuterio ya no marcha con nosotros los 20 de mayo. Cumpliendo con el pedido de Tabaré Vázquez, vamos a entregarle la carta que nuestra alma pronuncia.
El sordo
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Las fotos NO oficiales
Uruguay recibirá inversiones de grupo español
domingo 28 de noviembre del 2010 a las 12:38 hs
El presidente José Mujica y su delegación de Gobierno recibieron en España la “decisión política” del 'pool' empresarial de Florentino Pérez de invertir en proyectos energéticos.
El presidente se encuentra de visita no oficial, donde está acompañado por el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman; el presidente de Ancap, Raúl Sendic; el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla y el director nacional de Energía, Ramón Méndez.
Méndez dialogó con El Espectador y explicó que las empresas del grupo empresarial de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tomaron la “decisión política” de invertir en los proyectos energéticos de Uruguay.
Está previsto que en el quinquenio se inviertan 5.000 millones de dólares en iniciativas en el área energética, que involucrarán a UTE y Ancap. La mitad sería aportada por el Estado, la otra mitad por particulares.
Entre esos privados se encontrarían las empresas propiedad de Florentino Pérez.
La visita no oficial se enmarca en un interés de que lleguen al país potenciales inversores de la áreas de energía y regasificación.
Están en vista acuerdos para la usina de generación de energía eléctrica propiedad de Ancap, así como molinos de viento y navegación de barcazas de empresas españolas en el río Uruguay.
Méndez resumió las conversaciones llevadas a cabo ayer y que hoy prosiguen durante toda la jornada: “El grupo de Florentino Pérez, que es una empresa que da empleo a 150.000 técnicos y una cantidad de gente indirecta que trabaja dentro de este grupo, tiene muchísimo interés de invertir en nuestro país […] Es uno de los grupos más importantes del mundo que ya tomo la decisión política, desde el punto de vista empresarial de invertir en Uruguay”, dijo el director de Energía.
Méndez destacó la fortaleza que el grupo de Florentino Pérez desarrolló en la generación eólica de electricidad. “Ellos tienen 1.500 megavatios en España y otros lugares del mundo. Es uno de los tantos temas en los que habrá inversión en nuestro país”, apuntó.
Mujica visitó este sábado el estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid, junto a la delegación oficial y al contratista deportivo Francisco Casal.
El presidente del Real Madrid le regaló a Mujica una camiseta del club, con dedicatoria del portugués Cristiano Ronaldo, una réplica del estadio y un reloj. Por su parte, el mandatario obsequió a los anfitriones una camiseta de la selección uruguaya y un mate.
Florentino Pérez guió a la delegación uruguaya por las instalaciones, junto al ex jugador uruguayo José Emilio Santamaría.
El periodista Mario Bardanca dio su punto de vista sobre los hechos de corrupción en la FIFA denunciados por una fiscal de EE.UU que derivó en la detención de altos cargos en el organismo, entre ellos, la del uruguayo Eugenio Figueredo.
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>>>Crimen Organizado pidió investigar denuncias de lavado contra la Conmebol
Por Ana De Salvo
Martes, 5 de agosto del 2014
La Justicia no hizo lugar al pedido de la defensa de Eugenio Figueredo, sobre archivar el caso.
Desde la fiscalía especializada en Crimen Organizado, se pidió investigar las cuentas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para determinar si existieron delitos tales como lavado de dinero, estafa y apropiación indebida por parte de las autoridades.
En este sentido, la solicitud de la Conmebol para archivar el caso fue desestimada por el fiscal Juan Gómez, y además, ha llamado a declarar a varios testigos, entre ellos, el empresario Francisco Casal y el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá, según publica hoy El Observador. También solicitó la citación en calidad de indagado del presidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo.
>>>Presidencia envió expediente Casal a la Justicia por juicio contra Lorenzo
Por Fabiana Celaya
Viernes, 12 de octubre del 2012
La Presidencia de la República tiene el expediente para resolver si revoca la resolución de la DGI sobre si Casal debe IRIC o no por la venta de jugadores, luego que todos los especialistas consultados y los fiscales de gobierno sostuvieron que el juicio iniciado por la DGI contra a Casal no tiene razón de ser ya que el empresario no le debe impuestos al Estado.
La contratación de un estudio privado por parte del MEF, concretamente el Dr. Juan Manuel Albacete de Guyer & Regules, quién presentó un informe favorable a la posición de Casal, generó la denuncia de Salles a Lorenzo y al fiscal de Gobierno.
A partir del informe de Albacete, el MEF revocó las acusaciones y reclamos que pesaban sobre Casal por defraudación tributaria.
En entrevista exclusiva de El Diario con el Cr. Eduardo Zaindestat, realizada en julio pasado a propósito del caso, éste responsabilizó al Cr. Nelson Hernández por el error cometido contra el empresario.
Dijo que la investigación se inició bajo su administración como contra cualquier empresario sobre el que recaen sospechas de evasión. No obstante aclaró que fue durante la gestión de Hernández que se determinó ir frontalmente contra Casal.
“En el momento que yo me retiré no había un acto de determinación de deuda de impuesto alguno. Cuando yo me fui, en ese caso (Casal), como otros cientos de casos, no había un acto de determinación de decir: señor usted debe y debe tanta plata. La actuación siguió en curso con lo que todos sabemos.
Un año y medio después de que yo me retiré, la DGI, que estaba en aquel momento dirigida por el contador Nelson Hernández, tomó la resolución de determinar que se debían impuestos.
Más tarde se le aplica una sanción por defraudación, se solicita dos años después un embargo millonario ante la Justicia civil, y también se realiza más de dos años después de que yo me retiré la denuncia penal”, aseguró.
Sobre la resolución del MEF por el presunto caso de defraudación tributaria de Casal contra la DGI, Zaindestat afirmó a El Diario que “teniendo una resolución firmada por el ministro de Economía que es el superior jerárquico de la DGI (…) si ya el señor ministro de Economía resolvió que la DGI se equivocó y que no hay acto de defraudación, y por lo tanto se elimina el impuesto que la DGI pretendía cobrar diez veces, y que además, la deuda al no haber defraudación pasa de diez años a cinco, es una resolución del Ejecutivo. Y lo bueno de eso –abstrayéndonos del Caso Casal-, es que el sistema jurídico uruguayo le da garantías a las partes”.
Fuentes allegadas al caso informaron que el envío de los antecedentes no tienen que ver con la situación de empresario que ya fue declarado inocente por la justicia penal años atrás, sino que lo que se investiga es lo denunciado por Salle sobre si el Estado estaba delegando en un privado una responsabilidad que le compete exclusivamente, el juez Valetti deberá determinar si se configura el delito.
>>>Descartan negociación entre el Ejecutivo y Casal (Audio)
Por Fabiana Celaya (fabianacelaya@eldiario.com.uy) | Lunes, 3 de septiembre del 2012
El Dr. Leonardo Costa, abogado del empresario Francisco Casal, descartò la existencia actual o futura de una negociación entre el Poder Ejecutivo y su cliente. Consultado por El Diario, Costa indicò que no ha existido ningùn tipo de negociación y desmintió los trascendidos de prensa que aseguraban la existencia de las mismas.
La información indicaba que el abogado Gustavo Salle había pedido al juez de Crimen Organizado, Dr. Néstor Valetti, “que decrete una medida cautelar para evitar que el Gobierno y el empresario Francisco Casal firmen un acuerdo confidencial y secreto que ponga fin al litigio entre éste empresario y la Dirección General Impositiva (DGI).”
Costa, por su parte, señalò que “no hay nada que negociar porque el derecho nos asiste, no existe ningùn acuerdo ni privado ni pùblico sobre el tema, siendo yo el abogado de Casal, nunca participè en ninguna instancia de esa naturaleza”.
Agregò que se presentò una petición al Poder Ejecutivo para que se reviera lo actuado por parte de la administración, actuaciones que a su juicio fueron “incorrectas”, dijo.
Costa informò a El Diario que “eventualmente el Poder Ejecutivo podrìa plantear que no quiere ser demandado y solicitar que Casal renuncie a su derecho a demandar, como lo hace normalmente la administración tributaria y eso no es tener un acuerdo”.
El abogado tributarista de Francisco Casal indicò que llegado el momento tal escenario serà analizado, (renunciar al derecho de entablar una demanda al Estado por daños y perjuicios), “pero lo que quiero descartar absolutamente es que haya existido o exista una negociación, no estamos negociando nada porque no hay nada para negociar”.
Costa señalò, ademàs, que cuando pidieron al Poder Ejecutivo que busque otras opiniones dentro de su àmbito en referencia a lo actuado por la Administración contra el empresario, esas opiniones resultaron favorables a su defendido.
Consultado acerca de la denuncia presentada por el Dr. Gustavo Salles, Leonardo Costa dijo que para que existiera una medida como la que solicita Salles, deberìa existir una instancia de negociación, “como esa instancia no existe, creemos que la denuncia no corresponde”, finalizò.
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>>>La denuncia de Salles “por acuerdo secreto”
El Dr. Gustavo Salle Lorier comparece, en calidad de denunciante, en el presumario ficha 2-29381/2012 al señor Juez Letrado de Primera Instancias Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno y dice:
I) Que según emerge de la nota periodística publicada en el día de hoy en el periódico “El Observador “ ( a fs 7 que se adjunta) el gobierno prevé firmar un acuerdo secreto, confidencial con el empresario Francisco Casal.
II) Precisamente, la situación litigiosa entre el Sr. Francisco Casal y el Poder Ejecutivo, viene siendo objeto de la presente investigación criminal, donde se cuestionan, justamente, actitudes de altos funcionarios del Poder Ejecutivo que tuvieron por consecuencia beneficiar argumentalmente al Sr. Francisco Casal.
III) De ser ajustada a la realidad la noticia publicada por el diario El Observador, el temperamento anunciado por el Poder Ejecutivo resulta absolutamente impertinente e inapropiado, pues entraña una verdadera subestimación institucional del Poder Judicial y del Ministerio Publico.
IV) El Sr. Presidente de la Republica y el Sr. Ministro de Economía tienen pleno conocimiento de que un ciudadano ha cuestionado la legalidad de sus acciones y que la Justicia Penal competente, está investigando los hechos con apariencia delictiva oportunamente denunciados.
VI) En efecto, si el Poder Ejecutivo celebra un pacto confidencial y secreto, que ya por esas características resulta sospechoso y ontológicamente antirrepublicano, persiste en una conducta comisiva, cuya legalidad se encuentra cuestionada y sometida a investigación jurisdiccional por parte de un poder etático independiente.
VII) De ser cierta la nota periodística, el Poder Ejecutivo subestima institucionalmente al Sr. Fiscal, al Sr. Juez y al propio Poder Judicial, por cuanto insiste en progresar y perfeccionar situaciones fácticas cuya legalidad se encuentra cuestionada y en proceso de investigación.
VIII) Sabemos, pues así lo ha manifestado públicamente el Sr. Presidente de la Republica, que para él “lo político esta por encima de lo jurídico”, no obstante, habemos ciudadanos, que no estamos dispuesto a tolerar esa tesis, que implica la extinción del estado de derecho y la vigencia de un estado arbitrario prebendario y de “amigotes”.
IX) El Sr. Presidente de la Republica, debe comprender que su actuación se enmarca por la Constitución, la ley y todo el ordenamiento jurídico del país. Que ser Presidente de la Republica no es lo mismo que ser el dueño de una chacra en el Rincón del Cerro, el ámbito privado ofrece mayores espacios de libre disposición, que no los concede el derecho publico, al cual él se encuentra sometido; ello, en función de una razón muy obvia y sencilla, el Sr. Presidente administra cosas que no son de su propiedad.
X) El Sr. Presidente en nombre y representación de todos los uruguayos, en el ámbito del periodismo internacional, concretamente en una entrevista que le efectuara el periodista de CNN Andrés Openheimer, relato un cuento consistente en que Dios había prohibido por reglamento a los animales que se comieran entre si, en determinado momento, un loro que estaba en un árbol, ve que un león corre a un monito para comérselo, entonces, el loro le grita al monito: “léele el reglamento”.
XI) Resulta trágico, que el Sr Presidente, dirigiéndose al mundo y mediante una jocosa parábola, se haga eco del irracional, bárbaro e incivilizado mensaje que encierra dicha parábola, que consiste en la sucumbencia de lo jurídico y justo, ante el poder de la fuerza bruta.
XII) El Sr. Presidente, en caso de ser cierto lo que publica la prensa, pretende plasmar en la realidad, lo que metaforiza el cuento que él le relato a Openheimer. Pretendería realizar un pacto secreto con Francisco Casal, sin importarle lo que diga la ley, los jueces y los fiscales de nuestro país.
XIII) El Sr. Presidente, tendría que entender que el país, no es su chacra de Rincón del Cerro, ni la selva donde se desarrolla el cuentito del león, el monito y el loro. Que lo uruguayos queremos vivir en un estado de derecho, que queremos un Poder Judicial valiente, fuerte, justo, probo y respetado; que queremos que todos los ciudadanos, sin excepción, seamos iguales ante la ley y fundamentalmente, que se respete el orden jurídico.
XIV) Estando el comportamiento de los funcionarios del Poder Ejecutivo bajo sospecha de ilegalidad, no corresponde que los mismos sigan actuando en el tema en cuestión, como si nada estuviera pasando y profundizando situaciones que podrían ser consideradas por la justicia de naturaleza criminal.
XV) Resulta evidente, que el Sentenciante cuenta con los poderes de imperio como para impedir que se siga actuando y profundizando situaciones que podrían ser de naturaleza delictiva.
XVI) En tal sentido, venimos a solicitarle , que se dicte medida cautelar de no innovar respecto de la situación litigiosa entre el Sr. Francisco Casal, la DGI y el Poder Ejecutivo, hasta tanto no se dirima la presente investigación judicial penal.
XVII) Fundo mi derecho en lo dispuesto por los articulos 311 y 312 del Código General del Proceso.
Por lo expuesto al señor Juez solicito:
1º) Me tenga por presentado con la documentación que acompaño
2º) Decrete medida cautelar de no innovar referente a la situación jurídica controversial existente entre el Sr Francisco Casal, la Dirección General Impositiva y la Presidencia de la Republica
3º) Comunique al la Presidencia de la Republica dicha medida cautelar a efectos de que esta se abstenga de realizar cualquier transacción secreta con el Sr. Francisco Casal
V) En consecuencia, resulta jurídicamente inadmisible, que quienes están siendo investigados, como es el caso del Ministro Lorenzo, o quien eventualmente pueda ser convocado por la Sede en calidad de indagado, como podría ser el caso del Sr. Presidente de la República, continúen ejecutando acciones que profundizaría los efectos antijurídicos de los hechos denunciados en autos.
>>>“La DGI se equivocó”
Domingo, 15 de julio del 2012
“En el caso que usted menciona yo entendí que no había ni hijos ni entenados ni favorecidos”, agrega Zaidensztat, para seguir diciendo que mientras estuvo al frente de la DGI entre 2002 y 2007, el caso del empresario de futbol “era una actividad conocida(…) sus ventas que realiza también son conocidas, así como los importes en que vende porque todos sabemos en cuanto se vende un jugador de futbol (…)y por lo tanto era una actividad que ameritaba verla, analizarla, no solo en este caso en particular, sino en otras actividades”.
“Durante mi administración se realizaron las inspecciones del caso, las investigaciones, y cuando yo me retiré de la Administración el 21 de marzo de 2007, la actuación seguía en curso. Hasta ese momento no había una posición firme, una convicción desde el punto de vista técnico, de que la actividad estuviera o no estuviera gravada, o sea, si se debía o no se debía impuesto”, afirma el Cr. Zaidensztat, a EL DIARIO.
Para el responsable de la dirección nacional recaudadora, la investigación llevada a cabo en su momento fue muy extensa, ya que no solo se revisó el estudio contable que trabajaba para Casal en ese momento, sino que se realizaron otras medidas. Sin embargo, Eduardo Zaidensztat hace hincapié en esta entrevista con EL DIARIO que en el momento en que él se retiró, no había sido tomada una medida, “no había una posición firme, una determinación de un acto de deuda de impuesto alguno”.
Por lo tanto, esta actuación en particular siguió su curso con otros cientos de caso que la DGI lleva adelante, y un año y medio después de la salida del Cr. Eduardo Zaidensztat, y bajo la dirección del Cr. Nelson Hernández se resuelve que se deben impuestos, y más tarde se aplica una sanción por defraudación. Dos años más tarde se pide un embargo millonario ante la justicia civil (en el 2009), conjuntamente con la denuncia penal.
Las gestiones siguen adelante, pero no hay una sola prueba que sostenga lo implícito en las demandas, por lo que en noviembre de 2011, un Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, firmado por el secretario de Estado, Eduardo Lorenzo, resuelve la revocación de varios numerales de la Resolución 1521 de la DGI, entre ellos el tiempo de prescripción y la nulidad de la multa por defraudación.
Sobre esta resolución ministerial, el contador Zaidensztat afirmó a EL DIARIO que “teniendo una resolución firmada por el ministro de Economía que es el superior jerárquico de la DGI (…) si ya el señor ministro de Economía resolvió que la DGI se equivocó y que no hay acto de defraudación, y por lo tanto se elimina el impuesto que la DGI pretendía cobrar diez veces, y que además, la deuda al no haber defraudación pasa de diez años a cinco, es una resolución del Ejecutivo. Y lo bueno de eso –abstrayéndonos del Caso Casal-, es que el sistema jurídico uruguayo le da garantías a las partes”.
>>>Descartan defraudación en el caso Casal
Viernes, 13 de julio del 2012 .
El caso enfrenta al empresario Francisco Casal hace diez años con la Dirección General Impositiva (DGI). La dirección de rentas ha sostenido que Casal debe unos U$S 100 millones por concepto de transferencias de futbolistas al exterior, Impuesto al Patrimonio e Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales.
Antecedentes
>>>Escándalo de Grondona Solamente Confirma Apoyos Mutuos de Mujica y Paco
El medio argentino se convulsionó con el conocimiento de la cámara oculta que le registraron a Humberto Grondona, gran pope de la AFA.
En el mismo se conocen manejos turbios en relación a los derechos televisivos del futbol argentino.
Grondona ha estado casado en este tema con diversos empresarios, y ha coqueteado con muchos magnates de los medios. Operando como si él en persona fuera el dueño del negocio, se explaya en torno a la “viveza” o no de Romay, Vigil y otros.
Reconociendo que AFA es el dueño del cincuenta por ciento del paquete de “Fútbol para todos”, y el Estado argentino de la restante mitad, se atribuye una posibilidad de veto en futuras negociaciones.
Y es allí que roza en la conversación a nuestro Presidente y su amigo Paco Casal.
Lo único que expresa es que Mujica le había sugerido a Cristina Fernández de Kirchner negociar con las empresas de Casal. Y este es un hecho comercial. Gol TV por ejemplo maneja derechos televisivos de gran parte de Latinoamérica, siendo una potencia económica.
Hay que dejar claro que no los ensucia como alguien ha pretendido expresar.
Lo que si confirma es esa relación estrecha entre “Paco” Casal y el presidente de todos los uruguayos.
No es nuevo, todos lo sabíamos, lo único que hace es confirmar que tan “carnal” es la relación.
“Paco” le aceitó entrevistas y contactos en España en la gira del mandatario, aún cuando la DGI estuviera litigando por cifras millonarias contra el contratista.
A su vez Mujica convocó “para aconsejar” a Damiani y Alarcón que convenía arreglar los derechos con Casal´s Boys.
Es más, como expresáramos desde este espacio, en el tema de los derechos televisivos de las Eliminatorias quedó de manifiesto el apoyo del MPP a contratar con Tenfield contra la posición del Frente Liber Seregni para ponerle cotos.
Mucho ruido y pocas nueces. El ruido deja el eco de lo que ya sabíamos, el amor fraternal de nuestro mandatario y Casal. Nada nuevo bajo el sol.
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