Según Marx, Hegel, al decir que todos los grandes hechos y personajes de la historia aparecen dos veces, se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa.
Es inevitable recordarlo al ver en qué ha devenido la vieja aspiración de igualdad.
¿Cómo calificar al concurso de humor “políticamente correcto” organizado por el MIDES y la Intendencia de Canelones, o a la clínica de “Salud Étnica” organizada por la “Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes” de la Intendencia de Montevideo?
“Believe It or not”, en eso andan algunos de nuestros organismos públicos. Tras intentar la terapia ideológica con un viejo milonguero de la Plaza del Entrevero, imponer a transexuales y travestis en el concurso de Reina de las Llamadas, y marcar a la “igualdad y estereotipos de género” e “inclusión y diversidad sexual” como temas preferenciales en el concurso literario Juan Carlos Onetti, algunas inquietas Direcciones de la Intendencia de Montevideo ahora proponen la segregación racial para la atención médica, en tanto que sus similares canarias, junto con el MIDES, a través del concurso “Humor en clave de Derechos Humanos: ¿Y si nos reímos de otra cosa?” están empeñadas en reformar nuestro humor para hacerlo “políticamente correcto”.
Sí, ya sé, contado así, el asunto parece chiste. Pero no lo es. La corrección política es una postura cultural e ideológica que, alentada desde ciertos centros de poder mundial, crece y coloniza ideológicamente a las corrientes de izquierda y de centro izquierda, al menos en los países de cultura occidental.
Todos estamos familiarizados con el léxico de la corrección política y reconocemos términos como “nueva agenda de derechos”, “machismo”, “patriarcado”, “diversidad”, “inclusión”, “todas y todos”, “identidad sexual” “heteronormatividad”, “discriminación positiva”, “visibilizar”, pero, ¿en qué consiste, en realidad, como ideología?
Un primer aspecto es que la corrección política parece ignorar el carácter complejo de las sociedades. En su imaginario, éstas están conformadas por un sector integrado, poderoso, privilegiado y homogéneo (los hombres, o la raza blanca, o los heterosexuales, etc) y otras categorías marginadas, “invisibilizadas” y sometidas (las mujeres, los homosexuales, los negros, los discapacitados, etc.). Todas las categorías son imaginadas como homogéneas y se ignoran las diversas situaciones y “cruces” de sus miembros según la posición que ocupan en las relaciones económicas y políticas. Así, para el discurso feminista, todos los hombres son poderosos y dominantes y todas las mujeres son subordinadas y sometidas. Para el discurso étnico o racial, todos los blancos son ricos e integrados y todos los negros son pobres y marginados. La complejidad social, por la que hay hombres blancos y heterosexuales pobres, así como hay mujeres ricas, y homosexuales poderosos o poderosas, es negada.
La corrección política minimiza la importancia de las estructuras económicas y políticas en el papel social de los sujetos. Para ella, las injusticias no son estructurales, sino consecuencia de la mirada de un “otro”, es decir consecuencia de la discriminación, el no reconocimiento o la negación de derechos por parte de la categoría social integrada.
No se necesita ser vidente para adivinar el origen de esta concepción. Nacida en una sociedad profundamente inequitativa, como lo es la de los EEUU, y promovida por organismos multinacionales, como la ONU y el Banco Mundial, la corrección política no se propone modificar la estructura material de la sociedad. Su objetivo es “corregir” o compensar, sobre todo simbólicamente, a la víctima, modificando la mirada con que es percibida por la sociedad “satisfecha”. Para eso, tiene dos instrumentos.
El primero es el lenguaje, el símbolo por excelencia. Detrás del lenguaje “inclusivo” o “no discriminatorio”, late la creencia mágica de que las palabras determinan el pensamiento y modifican la realidad. Así, decir que una persona de raza negra es “afrodescendiente” modificará de algún modo la forma en que se siente y es visto por los demás. O decir de quien padece disminución intelectual que tiene “capacidades diferentes” conjurará su discapacidad y lo igualará simbólicamente a quienes no la padecen.
El segundo instrumento es la discriminación positiva. Es decir, políticas compensatorias que, sin modificar las causas estructurales de la injusticia, coloquen simbólicamente a algunos miembros de la categoría desfavorecida en una posición de aparente igualdad, o incluso de preeminencia, respecto a las categorías sociales integradas. Eso son las cuotas por “género”, raza, o identidad sexual, y las políticas sociales focalizadas, dirigidas sólo hacia los grupos más perjudicados de las clases subalternas.
En las sociedades ricas, la discriminación positiva son medidas cosméticas, que dan sensación de justicia sin modificar la realidad social. Ahora, ¿qué pasa cuando esas medidas se trasladan a sociedades pobres, en las que buena parte de la población no tiene bien cubiertas sus necesidades?
La corrección política parte de la idea –ficticia en sociedades pobres- de que existe una categoría social amplia y homogénea que se encuentra integrada y satisfecha, y de que las víctimas discriminadas son una minoría, o, a lo sumo, en el caso de las mujeres, la mitad de la población. Pero, ¿qué ocurre cuando la mayoría de la población, de distinto sexo, raza e identidad sexual, tendría razones para desear cambiar el orden social? ¿Cómo justificar, por ejemplo, que, entre dos personas pobres y sin educación, a una de ellas se le dará vivienda o trabajo por el hecho de ser mujer, transexual o de raza negra, y a la otra no? Por otro lado, ¿a qué categoría social “integrar” al discriminado en una sociedad estructuralmente dependiente e injusta?
De hecho, eso pasó en la India, donde se han dado cargos públicos a la casta más baja para maquillar –sin eliminarlo- el régimen de castas. El resultado han sido verdaderas matanzas, porque miembros de castas un poco superiores, pero también pobres, reaccionaron con violencia ante lo que entendían un privilegio de la casta más baja.
Basta pasar revista a la terminología políticamente correcta para percibir cuán habituados estamos a oírla y cómo se ha incorporado al discurso oficial, lo que demuestra la enorme fuerza que ha adquirido en nuestro sistema político.
La fuerza de la corrección política proviene de que se atribuye ser la voz de las víctimas discriminadas, mujeres, homosexuales, transexuales, travestis, negros, indios, y otros grupos sociales real o pretendidamente marginados. En el discurso público puede aparecer bajo la etiqueta de defensora de cada una de esas categorías, pero ideológica y políticamente trabaja bajo las mismas premisas y con el mismo método. Se convierte en acreedora de la sociedad “integrada y satisfecha” en nombre de las víctimas a las que afirma representar, culpabiliza al resto de la sociedad por la situación de sus “representados” y explota ese sentimiento de culpa para obtener poder político e imponer su agenda de reivindicaciones.
A estas alturas es necesario asumir que conforma una fuerza operativa con agenda y métodos propios, por lo que, en lo sustancial, opera incluso con más poder y efectividad que muchos de los partidos políticos formales, con el añadido de que actúa también desde el interior de esos mismos partidos.
En los últimos años ha logrado el control o fuerte incidencia en numerosas áreas del Estado, entre las que se cuentan el MIDES y otros organismos nacionales y departamentales. Al punto que puede decirse que las dos perspectivas ideológicas que pautan las políticas de los gobiernos frenteamplistas son, por un lado, el “progresismo”, esa visión que se adapta al modelo económico global pretendiendo distribuir mejor los márgenes de rendimiento que éste pueda dejarle, y la “corrección política”, que ha logrado apoderarse, en gran medida, de las políticas sociales y de los recursos que se les destinan.
Este nuevo fenómeno político, todavía no suficientemente analizado en Uruguay, apareja al menos dos problemas.
El primero es que no cuestiona las relaciones de poder global (si lo hiciera debería cuestionarse sus orígenes) y no se plantea un proyecto general de cambio social. Su noción del cambio es, en realidad, la acumulación de reivindicaciones y aspiraciones particulares de las categorías a las que proclama “víctimas”, creando falsos enfrentamientos con otras categorías igualmente sometidas y olvidando que, en una sociedad dependiente e injusta, la enorme mayoría de la sociedad está afectada por la injusticia.
El otro problema es que, en tanto opera sobre lo ideológico mediante símbolos, ejerce el control de términos, actos y gestos, con lo que tiene un potencial autoritario incalculable, que empieza a notarse en sus políticas culturales y educativas (recordar los manuales educativos) y en sus reivindicaciones jurídico-penales, particularmente en el tratamiento de los problemas “de género”.
Es una actitud ideológica relativamente nueva y de creciente influencia, a la que debe tomarse en serio (soy consciente de que queda mucho por decir en esta nota) y sobre la que deberemos debatir en profundidad.
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